Las constantes acciones que presentaron algunos implicados en el caso “La Línea” para frenar el juicio quedaron en el pasado. Mañana los 30 implicados conocerán si son condenados o quedan absueltos de la acusación del Ministerio Público.
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El Tribunal de Mayor Riesgo B anunció que mañana dará la sentencia en el caso en el que se vio involucrado el expresidente Otto Pérez, la exvicemandataria Roxana Baldetti y exfuncionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
El juicio del conocido caso por asociación ilícita, defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito duró 10 meses en el Tribunal de Mayor Riesgo B, a cargo de las juezas Jeannette Valdez, Katty Sarceño y Marling González, quienes fueron elogiadas por Pérez Molina.
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Los dirigentes del extinto Partido Patriota tuvieron la última oportunidad para pronunciarse en el proceso penal, por lo que Pérez Molina señaló que dicho caso fue mediático, pues se presentaron fotos que conforman una estructura criminal, con las cuales se creó una condena pública para dar la “sensación de que éramos unos delincuentes”.
Mientras que Baldetti “confía en Dios”, pues el Tribunal tiene reconocimiento en el Organismo Judicial, ya que “las juezas no se dejan manipular ni comprar como muchos jueces”.
La exvicemandataria recordó que hubo presiones para “botar su gobierno”, pues a ella “una persona de las ocho familias más importantes del país se presentó a su oficina para contarle que se contrató a un grupo de lobistas en Washington”.
Por lo que reiteró su inocencia al igual que otros acusados.
Condena a exgobernantes
Entre las pruebas que presentó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), hubo llamadas telefónicas, declaraciones de testigos y mensajes. No obstante, los implicados como los exjefes de la SAT Omar Franco y Carlos Muñoz negaron esas conversaciones.
Los fiscales a cargo del caso solicitaron una condena de 30 años para Pérez y Baldetti.
Además, que paguen una multa de Q73.1 millones cada uno como resarcimiento al Estado por acciones de defraudación aduanera.
La investigación menciona que la estructura pudo haber defraudado al fisco por US$28 millones, pues se contrató a Estuardo González, quien era el coordinador de la banda y que se comunicaba con el exsecretario privado de Baldetti Juan Carlos Monzón.
Durante la administración de Pérez y Baldetti, se intervinieron militarmente las aduanas por supuestas anomalías, decisión que fue criticada por sectores.
La relevación del caso motivó a que decenas de ciudadanos protestaran por meses para pedir la renuncia de Baldetti, quien fue la primera en dimitir, y luego fue Pérez Molina, quien aseguró que lo hizo por la “institucionalidad del país”.