Ayer la profesional decidió cerrar el proceso contra Torres por financiamiento irregular y asociación ilícita durante la campaña electoral en 2015.
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Torres volvería a competir en las elecciones de 2023 por la presidencia con el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Con la decisión de Domínguez, también se beneficia a otros ocho implicados en el caso, que desde 2019 llamó la atención. Pues la fiscal general autorizó tarde la investigación contra la política. Entre los beneficiados en ese caso está Gustavo Alejos.
Durante el proceso penal, con los nuevos fiscales se había solicitado que Torres fuera enviada a juicio, pero con la resolución no tendrá impedimento para continuar con su carrera política.
No obstante, la agrupación política de Torres tiene un proceso de cancelación en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por anomalías en financiamiento, similar al del partido Unión del Cambio Nacional (UCN).
Torres declaró no tener rencor, ya que “ha cumplido con la ley”.
Otros casos de Domínguez
Las decisiones de Domínguez han llamado la atención, pues desde el 2017 otorgó medida sustitiva a Edgar Ovalle conocido como “puñalito”, pero quien se encuentra prófugo por delitos de lesa humanidad.
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También benefició a los exdiputados de las directivas que enfrentaban proceso por plazas fantasma, al igual a extrabajadores del Congreso.
Domínguez tuvo un cambio luego de que Consuelo Porras autorizara la solicitud de antejuicio en su contra.
