La relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, instó a las autoridades guatemaltecas a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de la exfiscal Virginia Laparra Rivas y el exjuez Miguel Ángel Gálvez, y proteger la independencia de los jueces y abogados del país.
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“La criminalización de la señora Laparra y las amenazas contra el juez Gálvez son un ataque al estado de derecho”, dijo Satterthwaite, quien agregó estar especialmente preocupado por las irregularidades en el caso de Laparra y su continua detención en condiciones que pueden poner en riesgo su salud y seguridad.
Laparra, se encuentra en prisión preventiva por el proceso penal que enfrenta por su labor como fiscal anticorrupción en Quetzaltenango. Estos procesos contra Laparra se han caracterizado por violaciones al debido proceso, incluyendo dilaciones indebidas y uso excesivo de la prisión preventiva, dijo la relatora.
Gálvez enfrenta un proceso previo al juicio que busca revocar la inmunidad de la que disfruta contra el procesamiento indebido.
El experto de la ONU dijo que como resultado de presidir el caso de alto perfil, Gálvez había sido objeto de amenazas, vigilancia y hostigamiento. Recientemente renunció a su cargo.
“Se está abusando de la ley penal para atacar a los servidores públicos y operadores de justicia, las mismas personas que protegen y garantizan los derechos humanos, que están fortaleciendo el estado de derecho y dando grandes pasos en la lucha contra la impunidad en el país”, dijo Satterthwaite.
“Estoy extremadamente preocupado por estos casos en particular y por una serie de acciones recientes que debilitan el estado de derecho y la independencia judicial en Guatemala”, dijo el Relator Especial.
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La renuncia del juez Gálvez
Gálvez renunció el 15 de noviembre pasado, y se sumó a la salida del país de varios exfiscales antimafias y jueces debido a procesos en su contra impulsados por la fiscal general Consuelo Porras, designada en mayo pasado por el presidente Alejandro Giammattei por cuatro años más en el cargo.
Otros exfiscales han sido encarcelados a petición del Ministerio Público a cargo de Porras, sancionada el año pasado por Estados Unidos que la incluyó en una nómina de personas “corruptas y antidemocráticas”, o Lista Engel.
El juez cobró notoriedad en 2013 al enviar a juicio al ex dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983) por genocidio. El general retirado fue condenado por un tribunal a 80 años de cárcel, pero la corte constitucional ordenó repetir el juicio.
El juez también envió a prisión al expresidente Otto Pérez y su exvicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015) señalados de dirigir una estructura de defraudación en las aduanas, acusación que los obligó a renunciar en 2015. Un tribunal tiene previsto emitir una sentencia contra ambos en las próximas semanas.
Vía Samanta Guerrero, Emisoras Unidas 89.7 FM y AFP
