La promesa de campaña de Giammattei y de la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, de volver a retribuir a los soldados por sus servicios durante el conflicto armado interno se concretó con la aprobación de la Ley Temporal de Desarrollo Integral para ese pago.
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El nuevo decreto contempla un pago de Q36 mil en plazos en tres años a los militares veteranos. Que son alrededor de 95 mil servidores públicos, por lo que hasta ahora no hay un monto a incrementar el presupuesto.
No obstante, la legislación carece de fuente de financiamiento, ya que solo se ordena al Ministerio de Finanzas hacer las readecuaciones presupuestarias necesarias. Y ampliar el presupuesto general cuando entre en vigencia la ley.
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Otro de los errores de la normativa es que por haber recibido más del 50% de enmiendas tuvo que haberse regresado a comisión para un nuevo dictamen.
Forma de pago
Para que los integrantes retirados del Ejército reciban el pago, deberán participar en el programa de reforestación o protección de bosque para la “protección de fuentes de agua”, limpieza para conservación ambiental, clasificación de desechos y reciclaje.
Para ello, deben plantear su solicitud en el Ministerio de Desarrollo Social, con una fotocopia de su Documento Personal de Identificación (DPI), una certificación emitida por el Ministerio de la Defensa en el que conste que cumplió con el tiempo de servicio durante el conflicto armado interno u otros que establezca el reglamento de la presente ley.
El pago será Q1 mil mensuales por tres años, el cual queda exento de impuestos y lo podrá recibir el cónyuge del militar retirado, que en vida haya sido inscrito en el presente programa.
“Con recursos del Estado, quieren adelantarse a ganar una campaña electoral y condicionar los votos. Esta ley es electorera y con las enmiendas lo sacan a relucir. Se están burlando de los militares, a los que les ofrecieron este mecanismo de compensación en campaña”, Edwin Lux, diputado de oposición
División
- De acuerdo con manifestantes, algunos se oponen a la nueva ley porque fue negociada con la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua). Agrupación que apoya al partido Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN-Nación). Partido político a la que pertenece el diputado Melgar Padilla, quien defendió esa propuesta de ley.