El Congreso de la República adquirió una vez más un seguro de vida y gastos médicos por más de Q15 millones para los 160 diputados y otros funcionarios del Legislativo, siendo el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) la entidad a la cual se otorgó el contrato.
PUBLICIDAD
El concurso se habilitó en el portal de Guatecompras donde se detalla que el CHN gestionará la póliza, el cual subcontrata a empresas para la cobertura médica. Además de los diputados, el seguro privado cubre a directores y sub directores.
Para conocer más acerca de la cobertura de los seguros, se intentó contactar al CHN, pero hasta la publicación de esta nota no se había obtenido respuesta.
El contrato administrativo describe que por la cobertura del seguro de vida es por Q750 mil en caso de muerte por cualquier causa. Se incluye un anticipo funerario por Q25 mil, además de un anticipo en caso de enfermedad terminal, equivalente al 35% de la suma asegurada básica.
Por gastos médicos se contratará el Centro de Atención de Urgencias de Blue Medical. De esa cuenta, los asegurados pondrán recibir atención en seis centros de urgencia.
Se incluye servicio de oftalmología y ambulancia aérea, más un plan dental.
PUBLICIDAD
Anteriormente, el Congreso erogó Q13 millones para el pago de la póliza para servicios médicos en 2020. El proveedor servicio era la entidad bancaria G&T.
Proponen que diputados se afilien al IGSS
Diputados de la bancada Semilla presentaron el pasado miércoles una iniciativa de ley que busca que los diputados sean incluidos en el régimen de seguridad social y así no recurrir al pago de un seguro médico privado.
Pérez considera que el pago de un seguro privado resulta siendo un privilegio para los diputados y no reivindica los servicios públicos.
La contratación del seguro para los diputados se justificó con la imposibilidad de tener acceso a la cobertura del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Esto se debe a un un antiguo reglamento de esa institución. No obstante, el diputado Samuel Pérez, indicó que la propuesta es eliminar esa prohibición.
Pérez indicó que la millonaria cifra que se paga por este concepto, es un monto que bien podría optimizarse si se destinara al IGSS. Los aportes fortalecerían así al seguro social, aseguró.
