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Involucrados en casos de corrupción imparten cursos en la Facultad de Derecho de la Usac

La preparación académica es un factor que se remarca para aplicar a cargos públicos. Factor que se entrelaza principalmente con la política y la Usac.

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La preparación académica y la ética son temas que sobresalen al momento de elegir a funcionarios. Y es que en la universidad se termina de adquirir habilidades para ejercer la profesión. En los últimos años, la preparación en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) se ha cuestionado por los catedráticos que forjan a los profesionales.

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Tal es el caso que se observa en la Facultad de Derecho de la Usac, la que contrató a personas procesadas penalmente para impartir cursos.

Como aparece en el calendario de evaluaciones para el primer examen parcial en el cuarto semestre, se observó que algunos catedráticos son Estuardo Gálvez Barrios. Exrector de la Usac e involucrado en negociar el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

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También está el exfiscal contra el Crimen Organizado Rony López Jerez, condenado en un caso de corrupción.

Cuestionable contratación en la Usac

La Usac es una institución apetecible para grupos. Por lo que la situación actual de la universidad estatal podría entenderse como que buscan acaparar la academia. Y aunque los profesionales que se mencionan adelante no tienen procesos legales se ha cuestionado su honorabilidad y ética.

Otro de los catedráticos en la Usac que imparten cursos es el magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad Rony Eulalio López. Que amigo de la fiscal general, Consuelo Porras.

Además, está el magistrado de la CSJ, Sergio Pineda, quien ha votado para proteger a involucrados en casos de corrupción. Y el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanzan (UNE) José Inés Castillo Martínez, que ha respaldado leyes que afectan a la población y que apoyan al gobierno.

Asimismo, está el titular del Juzgado Séptimo, Fredy Raúl Orellana Letona, quien acaparó titulares por ligar a proceso al director de “elPeriódico” cuando se cuestionaron las pruebas que presentó el Ministerio Público.

Otra contratación que se señala es la de la magistrada del tribunal constitucional Leyla Lemus, pues se ha puesto en duda que posea el conocimiento para un doctorado.

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