Reagrupación política, elección de contralor y presupuesto marcarán el segundo periodo legislativo

A pesar de que una de las principales funciones de los legisladores es trabajar por el bien de sus distritos, en la realidad poco o nada se refleja de su trabajo con la aprobación de leyes o políticas para mejorar el desarrollo local y del país.

Durante el primer periodo ordinario, que inició el 14 de enero y finalizó el 15 de mayo, se aprobaron 37 decretos y, aunque la alianza oficialista, liderada por el partido de gobierno, Vamos, aplaudió por “los logros” realizados, analistas recordaron que el desempeño del Congreso no solo se mide por el número de normativas, ya que esas carecen de análisis jurídico y financiero, pues algunas leyes fueron aprobadas de urgencia a petición del oficialismo.

Entre ellas se encuentran los subsidios para la energía eléctrica, el gas propano y los combustibles. Sin embargo, la ayuda financiera es relativa, ya que sale de los mismos impuestos de los contribuyentes, que se quejaron, ya que no se observó una reducción en los precios de esos servicios y, por el contrario, estos aumentaron; la justificación fue por el alza en el mercado internacional.

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Además, algunos de los decretos son improcedentes, ya que fueron ampliaciones presupuestarias para el Ministerio de Comunicaciones, donde se ha evidenciado que el trabajo en la infraestructura vial es mínimo, pero se le recortó al Ministerio de Salud, cuando las condiciones salubristas en el país son precarias y se continúa viviendo en una pandemia.

Otras de las normativas que resaltan los di­putados son la ratificación de estados de Excepción, que por motivos “priorizados” por el Ejecutivo se decretaron, además de nombramientos, como relatores contra la Tortura, cuyas designaciones están establecidas en ley.

Respaldo a cambio de…

La bancada oficial ha logrado operar a favor de ciertos grupos, ya que ha mantenido el apoyo de los partidos Unión del Cambio Nacional (UCN), Humanista, Prosperidad Ciudadana, Podemos y Valor.

Principalmente, ha recibido el beneficio de Visión con Valores (Viva), Unionista, Todos, Bienestar Nacional (Bien), Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN-Nación) y Compromiso, Renovación y Orden (Creo).

Asimismo, cuenta con una fracción del Partido de Avanzada Nacional (PAN), de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y legisladores independientes.

La oposición en el Congreso, conformada por los bloques Semilla, URNG-Maíz, Winaq, Victoria, Movimiento para la Liberación de los Pueblos y otros congresistas sin agrupación, ha denunciado que la aprobación de leyes se da a cambio de entregar contratos de obras públicas, que pueden representar financiamiento para la campaña electoral del próximo año.

Cortes y economía, relegados

El discurso del gobierno ha sido fomentar condiciones para lograr un crecimiento económico. No obstante, en el Congreso esa propuesta no tiene eco, pues aunque se han promovido iniciativas de ley para que en el corto y el mediano plazos haya mejores condiciones para atraer inversiones, pocas son las leyes que se han aprobado.

Por aparte, la alianza legislativa insiste en retrasar la elección de magistrados al Organismo Judicial, lo cual tiene repercusiones en generar confianza para las inversiones, debido a que no se respeta el Estado de derecho ni genera certeza jurídica.

Los diputados oficialistas, por más de dos años, han evitado que se cambien a los funcionarios en el sistema judicial, lo cual tiene un efecto negativo en la comunidad internacional.

Mantener el control

El segundo periodo legislativo iniciará en la primera semana de agosto, en la cual se discutirán temas de interés nacional, como el presupuesto general para el año electoral, la designación del contralor general y la directiva del Congreso para 2023.

Asimismo, los diputados buscan controlar la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), pues en los próximos días se convocará a elegir al magistrado de Conciencia, y aunque faltan aproximadamente 40 días para que se dé el cambio en esa institución, el oficialismo presiona para la destitución de Jordán Rodas.

La importancia de elegir a un contralor general y a un procurador independientes es para garantizar que no haya presiones contra opositores, como es el caso de la Contraloría General de Cuentas, que deberá emitir los finiquitos para los candidatos a cargos populares, por lo que se teme que no se entreguen a candidatos que no sean de la alianza oficialista.

Mientras que en el caso de la PDH, se busca callar a críticos del gobierno, como se ha visto en los últimos cuatro años, pues hubo atraso de presupuesto. Joel Maldonado

Integración

La investigadora de Diálogos María del Carmen Peláez explicó que para el segundo periodo se puede dar cierto distanciamiento entre bancadas, principalmente por la aprobación de la directiva. Pero aclara que, durante este periodo, se ha visto que la alianza sigue integrada, lo cual puede generar situaciones contraproducentes para la democracia y la independencia de poderes, afectando el Estado de derecho y la falta de rendición de cuentas.

Peláez agregó que el desempeño legislativo debilita el trabajo técnico con las ampliaciones presupuestarias, ya que generan suspicacias por aumentar el presupuesto a un ministerio con suspicacias para la ejecución de obras y que puede prestarse para entrega de comisiones o cuestiones ilícitas, por el compadrazgo que se conforma.

Ante eso, la profesional motiva a articular frentes en la sociedad civil que luchen por el bienestar común, ya que se ha evidenciado el abuso de poder, de autoridad y de los recursos por los funcionarios.

Reactivación

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) espera que siga la aprobación de leyes para el Plan de Reactivación Económica para el Desarrollo, así como la Ley de Infraestructura Vial, que busca cambiar el modelo actual, y la Ley de Estabilidad Jurídica, que puede ser de importancia para atraer inversiones.

“Ciertamente, hay luces y sombras, como es la reactivación, pero se perdieron controles presupuestarios en materia de infraestructura y no contribuyen a la transparencia en obra pública, como se mencionó cuando se presentó el análisis por el Observatorio del Presupuesto”, resaltó el sector empresarial, por los cambios al Presupuesto General.

En cuanto al trabajo de las comisiones en el Congreso, el Cacif recordó que tienen la responsabilidad de escuchar a los sectores, como lo hizo la comisión de Derechos Humanos, pero, por diferencias entre algunos jefes de bloque, no se pudo hacer recomendaciones, lo cual preocupa.

Control

Edie Cux, director de Acción Ciudadana, explicó que el trabajo de los diputados durante estos dos años ha sido pobre, pues solo preparan el terreno para los comicios generales, por lo que solo velan por sus intereses personales y políticos.

Por ello, el panorama para el segundo semestre es convulso, ya que las elecciones previstas desde el Congreso serán para hacer un ataque sistemático, como es el del contralor general, que es el encargado de la fiscalización del gasto público y que puede limitar la participación de candidatos incómodos para el régimen del oficialismo que tiene el apoyo del Ejecutivo.

“La expectativa de trabajo para el segundo semestre será ver cómo la alianza oficialista busca perpetuarse en las instituciones y mantener el poder, como lo ha hecho estos últimos años. La aprobación de préstamos es otro tema que puede ser para que financien sus campañas y está ahí la importancia de un contralor sin compromisos”, puntualizó Cux.