A pesar de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberían de estudiar cada solicitud de antejuicio para conocer las pruebas, como es el caso del juez, en algunos casos evaden esa parte y declaran el inicio del proceso para retirarle la inmunidad al denunciado.
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Esto evidenció el defensor del titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, Herbert Pérez. En la denuncia con la que dieron trámite al antejuicio contra Gálvez, ya que hay “errores técnicos y de fondo”, pues los magistrados no analizaron la denuncia.
El abogado explicó que en la denuncia se mencionó un hecho. Pero el denunciante no adjuntó pruebas de lo que supuestamente se indicó en uno de los casos en los que está a cargo del togado.
El supuesto hecho con el que se le intenta perseguir a Gálvez es por “prisión provisional”. No obstante, entre algunos casos que se mencionó en la querella, tres no fueron conocidos en el Juzgado de Mayor Riesgo B, situación que pasaron por alto los magistrados para declarar con lugar el antejuicio.
Al consultar a algunos profesionales del derecho, la situación contra juzgadores pone en peligro la independencia judicial. Además de violar derechos como a la seguridad jurídica, al debido proceso, al principio de legalidad y a la preeminencia del derecho internacional.
Respecto al tema por el que se le denunció a Gálvez, el mismo juez hizo una propuesta a los magistrados de la CSJ para tratar casos complejos. Por ejemplo, cuando en el caso hay más de 10 implicados, lo cual lleva días para la primera declaración. Esto ha ocurrido en otros juzgados, pero los jueces no han sido denunciados. Sin embargo, los magistrados no han mostrado interés para presentar una iniciativa de ley.
“La realidad superó al derecho, se deben crear leyes que atiendan esos problemas”, comentaron expertos en derecho.
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Entre los casos que están a cargo de Gálvez están: “Diario militar”, con el que se incrementaron las amenazas. Y “La Línea”, lo cual ponen en riesgo la continuidad del proceso.
Afecta Estado de derecho persecución contra juez
Durante los últimos ocho meses se inició la persecución contra jueces, por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) mantiene observación de lo que ocurre en el país. Ya que envía una señal de que no hay respeto al Estado de derecho. Y se puede percibir que las autoridades de los tres organismos del Estado buscan retirarse de instancias como la Organización de los Estados Americanos (OEA). Y de otros organismos multilaretales.
“El aseguramiento de una carrera judicial en los términos que se resguarde la independencia e imparcialidad. Lo cual está ligado a la falta de los nombramientos y demoras del proceso de designación de altos funcionarios del sistema de justicia”, mencionó Esmeralda Aerosemena, de la Corte IDH.
FECI sin actuar
Ayer, se conoció que el titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, desistió de continuar las diligencias sobre los Q122 millones que aparentemente le corresponden al exministro José Luis Benito. El fiscal a cargo renunció a continuar con allanamientos, inspección y registro de pruebas autorizadas en abril y mayo pasado.
