Este lunes continuó la audiencia en el Juzgado de Extinción de Dominio en contra del exministro de Energía y Minas, Erick Archila Dehesa. La Fiscalía busca que al menos Q12 millones y otros inmuebles vinculados al exfuncionario pasen a favor del Estado.
PUBLICIDAD
En la audiencia se reprodujo la declaración en anticipo de prueba de un testigo que aseguró haberle pagado al exministro cerca de Q30 millones por gestionar los eventos sociales que permitían el avance de la construcción del proyecto.
Juan Carlos Ortiz Mutis, de origen colombiano y exejecutivo de la empresa Edemtec, S.A., subcontratada por Trecsa, narró que esa empresa pactó en 2012 realizar los pagos por las gestiones que realizaba el exfuncionario para avanzar en un proyecto minero.
Pagos a exministro Archila Dehesa
Detalló que en 2013, cuando él ingresó a Trecsa, firmó al menos cuatro cheques por un total de Q8 millones 722, los cuales fueron entregados al exministro en las oficinas del Instituto Nacional de Electrificación (INDE).
No obstante, detalló que en 2015 recibía numerosas llamadas del exfuncionario para exigirle los pagos ya que insistía en que “se le debía bastante plata”. En ese año le entregaron al menos seis cheques por un total de Q21 millones 521 mil. Según detalló, para esa fecha los avances de la construcción se registraban en 45 % en construcción de líneas de transmisión y 60 % en subestaciones. “Se veía el avance por la gestión que realizaba”.
Añadió que Archila Dehesa lo llamaba para detallar el monto que debía pagársele por esa gestión, pero que se le entregaba lo que tenían disponible en caja, ya que en ocasiones era mucho dinero solicitado.
En abril de 2015, el funcionario le pidió favor de sacar del país a tres personas, por problemas legales. Sin embargo, aseguró que no se concretó dicha solicitud. No obstante, en mayo de ese mismo año le solicitó una reunión urgente en la que lo citó en una casa en zona 14.
PUBLICIDAD
Ortiz Mutis narró que el exfuncionario tenía al menos unos cuatro teléfonos en la mano y que al ingresar a esa propiedad le pidió que entregara su móvil.
“Están detrás de mí y le voy a solicitar y a exigir que destruya todos los documentos que ustedes deben tener dentro de su organización”, recordó el testigo, quien aseguró que la contabilidad de la empresa registraba por medio de actas y facturas los pagos entregados al exfuncionario por lo que no se destruyó nada y fue consignado en 2017 por el Ministerio Pública durante unos allanamientos.
Con información de Samanta Guerrero, Emisoras Unidas 89.7
