Cuatro integrantes del Parlamento Europeo enviaron una carta a Joseph Borrell, Vicepresidente de la Comisión Europea, Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en donde señalan que el proceso de elección de Fiscal General en Guatemala debe ser transparente y el candidato debe ser seleccionado sobre la base de méritos y trayectoria comprobada en materia de derechos humanos.
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Tilly Metz, Bernd Lange y los eurodiputados María Soraya Rodríguez Ramos y Miguel Urbán Crespo firmaron dicha misiva en la que señalan que a pesar de las múltiples expresiones de preocupación, así como las evidencias y el rechazo internacional a la actuación de la actual Fiscal General, Consuelo Porras, finalmente ha sido incluida en la nómina de seis candidatos. Los firmantes también mencionaron serias dudas sobre la independiente e idoneidad de algunos de los postulantes.
Cabe destacar que en sn su resolución del 7 de abril, el Parlamento expresó su preocupación por lo que calificaron de cooptación y desmantelamiento de las instituciones que garantizan los derechos fundamentales; la obstrucción sistemática del trabajo de jueces y fiscales; el hostigamiento e intimidación a operadores de justicia; y el recrudecimiento e incremento de las agresiones y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos.
Por tal motivo, apuntan a Porras de ser es uno de los actores que “han iniciado acciones legales contra jueces, abogados y fiscales independientes” y recordaron que Porras ha sido identificada por el Departamento de Estado de EE. UU. de “los continuos y descarados ataques de la Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, contra el sistema de justicia de Guatemala a través de arrestos por motivos políticos y detenciones de actuales y ex servidores públicos que luchan contra la corrupción”.
Finalmente, los firmantes destacan que están convencidos de que la defensa de la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos en Guatemala requiere una Fiscalía General independiente con una clara compromiso con la lucha contra la corrupción y la defensa de los valores del Estado de derecho, por lo que pidieron que la Unión Europea reaccione en una declaración pública, así como a través de sus canales diplomáticos, reiterando que la independencia del poder judicial con un juicio imparcial, Fiscalía profesional, libre de toda duda sobre su integridad, es crucial para la Unión Europea para seguir construyendo relaciones políticas y comerciales y fortalecer cooperación.
