La Corte Suprema de Justicia (CSJ) separó del cargo a la Jueza de Niñez y Adolescencia, María Salazar, por una denuncia que presentó la familia del ciudadano ruso Igor Bitkov.
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Salazar había perdido su inmunidad debido a la denuncia, donde se reclamaba que la jueza había enviado al hijo de los ciudadanos Bitkov a un centro de protección.
La jueza resolvió enviar al menor al centro de resguardo “Amor del Niño” ya que los padres se encontraban en proceso judicial por uso de documentos falsificados, motivo por el cual no pudieron certificar su parentesco.
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La familia Bitkov denunció entonces a Salazar al considerarse víctimas de maltratos por el fallo de la juzgadora. Además, argumentaron que el menor sufrió maltrato físico y emocional mientras permanecía en el hogar.
Sentencia a Bitkov permanece en suspenso
Igor Bitkov fue condenado a 7 años de prisión inconmutables por el uso de documentos falsificados. No obstante, la sentencia no quedó en firme por diversas acciones legales que aún están pendientes de resolverse.
El ciudadano ruso figuró públicamente la semana pasada, cuando se presentó ante la Comisión de Postulación a Fiscal General y entregó un pronunciamiento a favor de la actual fiscal, Consuelo Porras.
Bitkov abogó para que Porras permanezca como parte del proceso abierto para la elaboración de la nómina de seis integrantes que llegará a manos del presidente Alejandro Giammattei.
Suspensión de jueces
La suspensión de la jueza Salazar se da días después de la separación del cargo del juez Pablo Xitimul, luego que la CSJ decidiera retirarle la inmunidad hace un mes.
Por mayoría, los magistrados resolvieron retirar el derecho de antejuicio a Xitumul por una solicitud promovida por la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público.
Al respecto se pronunció la Unión Europea (UE) que consideró que tanto la decisión de suspender a Xitumul y la renuncia y exilio de la jueza Erika Aifán “debilitaban aún más el estado de derecho y la independencia de la justicia en Guatemala”.
El organismo expuso en su declaración que en Guatemala suman ya más de 20 jueces, abogados y fiscales que han abandonado el país por temor a su seguridad.