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CC anula designación de Gloria Porras y ordena repetir proceso

La Corte de Constitucionalidad anuló la designación de Gloria Porras como magistrada titular de ese organismo.

La Corte de Constitucionalidad (CC) anuló la designación de Gloria Porras como magistrada titular de ese organismo, al otorgar un amparo este 29 de marzo.

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La CC otorgó el amparo a la Fundación contra el Terrorismo (FCT). Una resolución que deja sin efecto el proceso con el cual el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), eligió a Porras como su representante y se ordenó que debe repetirse.

En tanto, los magistrados de la máxima corte resolvieron dejar intacto el proceso contra el otro magistrado electo como suplente, Rony López Contreras, anterior secretario general de la fiscal general, Consuelo Porras. 

Los magistrados ordenaron además que la votación sea secreta, tal como está establecido en ley, pese a ser una parte del proceso bajo críticas de organizaciones observadoras.

 

Acciones legales retardan e impiden juramentación de Porras

Porras fue electa, pero no juramentada el día de la ceremonia en que se oficializaron las designaciones del nuevo pleno de magistrados. Un amparo de una sala administrativa impidió que asumiera el cargo.

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La nueva corte inició sus funciones un día después, el 14 de abril del año pasado, para el periodo 2021-2026.

Luego, la CC amparó a la FCT y al abogado Juan José Sandoval Saucedo para que el Congreso de la República no juramentara a Porras, en una nueva ceremonia.

La Corte aseguró en esa resolución que existían recursos pendientes de resolver y ordenó que Porras no podía tomar juramento.

La exmagistrada fue reelecta por el CSU al obtener 20 de 38 votos, mientras que el abogado Omar Barrios le siguió con 16 votos.

Durante la votación, los observadores constataron que los comisionados que votaron por Omar Barrios lo hicieron de la misma manera por Rony López Contreras. 

La Convergencia por los Derechos Humanos, integrada por nueve organizaciones, rechazaron los retrasos para resolver la situación jurídica de Porras. Advirtieron entonces de “un uso malicioso del derecho para cerrar espacios para ejercer cargos públicos”.

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