Los acuerdos entre los diputados oficialistas para elegir a los relatores contra la Tortura se evidenció en la apresurada designación de los servidores públicos.
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Los relatores titulares son el juez de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, Lesther Castellanos Rodas, cercano a diputados y excongresistas.
También Alfredo Sánchez Chinchilla, quien se desempeñó como profesional III en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso y en el Registro de Información Catastral (RIC). Y estará acompañado de Ever Alejandro Pérez Arriaza, quien fue jefe II del Departamento Administrativo en el actual Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Mientras que los relatores suplentes serán William Oswaldo Ramírez Quiñónez, que se desempeñó como director de investigación de informes en la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh).
Además, fue electa Jennifer Alejandra Aldana García, quien fue asesora en el departamento de Organización Comunitaria para la Prevención en Izabal en el Ministerio de Gobernación. Y el último es Baudilio Portillo Illescas, quien fungió como director de Asesoría Jurídica en la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.
Atribuciones de relatores
Aunque la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes es una comisión del Congreso. No está supeditada a ninguna institución o funcionario, se corre el riesgo de que sea utilizada por grupos para evitar la denuncia de malos tratos en las cárceles, que son responsabilidad el Ministerio de Gobernación.
De acuerdo con la legislación de la Oficina, los relatores deben verificar las condiciones de los detenidos o centros de privación de libertad para evitar algún trato inadecuado.
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A la vez, pueden hacer propuestas sobre la legislación para prevenir la tortura o acciones denigrantes de las personas.
A pesar de que también tienen la facultad para denunciar delitos en las cárceles. Pocos son los pronunciamientos que hacen los relatores sobre las condiciones en las prisiones.
Entre los requisitos que se establecen para ser relator es ser profesional de cualquiera de las ciencias sociales o jurídicas, los diputados eligieron solo abogados. Y aunque se pide tener experiencia mínima de cuatro años en derechos humanos o administración de justicia, pocos de los nombrados llenan ese requisito.
Para su funcionamiento, se debe conformar un consejo consultivo que se integra por propuestas de sociedad civil. Que conozcan sobre derechos humanos, enfocadas en la prevención y eliminación de la tortura.
La Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura cuenta con un presupuesto de alrededor de Q18 millones, según el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental.
Remoción
- Por aparte, los diputados aceptaron la renuncia del exdiputado Fernando García Gudiel como representante del Congreso ante la Junta Monetaria. Por lo que el diputado Mario Gálvez, de la UNE, también propuso remover al exdiputado Rudy Castañeda. Que era como suplente ante ese organismo del Banco de Guatemala.
- La renuncia de García Gudiel llama la atención luego de que los diputados intentaran aprobar reformas a la Ley del Crédito Hipotecario Nacional.
