Ley de Vida y Familia genera rechazo entre profesionales de la salud mental

Aunque la ley 5272 quedó archivada, profesionales de la salud mental consideran que tuvo "una reacción dañina en la población".
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Psicólogos y psiquiatras de dos asociaciones expresaron su rechazo a la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, aprobada y luego archivada por el Congreso de la República.

“Queremos hacerles llegar nuestra indignación y firme rechazo a este tipo de propuestas (5272, 5940) por las implicaciones ofensivas y discriminatorias que se hacen a la población”, indican en una carta abierta dirigida al presidente Giammattei y a los diputados.

La carta se emitió por la Asociación Psiquiátrica de Guatemala y la Asociación Guatemalteca de Psicología, en la cual se expone que la forma y contenido de las leyes promueven que sectores de la población “vivan bajo estigma, falsos estereotipos y prejuicios”.

“Independientemente de que se haya archivado, el intento de violencia a los derechos humanos ya tuvo un reacción dañina en la población”, afirman.

Ley “no se apega a la realidad”

De acuerdo con los agremiados, existe una secuencia de aspectos contenidos en la ley 5272 que no se apegan a la realidad del país.

Como ejemplo citan que más de 72 mil niñas y jóvenes entre 10 y 19 años fueron forzadas a ser madres durante 2021, según cifras oficiales recopiladas por el Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR). Enfatizan que en las niñas menores de 14 años, fue producto de una violación.

“Esta ley veta el derecho a la educación sexual” la cual consideran que es “crucial para el desarrollo del país”.

Asimismo, se menciona que los femicidios registraron un aumento del 31% entre enero y agosto del año pasado.

Al menos 21 personas LGBTIQ+ también fueron víctimas de muertes violentas en 2018, y la Organización Visibles documentó 39 crímenes asociados a identidad de género entre 2019 y 2020.

Realizan protesta contra la iniciativa 5272
Foto: Edwin Bercián

Abogan por la educación sexual integral

Afirmaron que existe evidencia científica, basados en programas de educación en salud sexual para jóvenes e intervenciones en salud pública en más 35 años. Aseguran que los resultados son adecuados y se citan en asesorías técnicas al Congreso de países latinoamericanos.

Por último enfatizan que las políticas públicas deben generarse de acuerdo a evidencia apegada a criterios de salud pública. Esto para tener una sociedad más sana, con menos problemas de salud mental, menos violencia y con mejores acceso a servicios de salud.

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