A pesar de que el Fondo de Tierras (Fontierras) tiene que velar por la escrituración de terrenos a comunidades indígenas, los pobladores de Lote 9 Agua Caliente, en El Estor, demandan certeza de los lugares donde residen.
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Pobladores reconocen que Fontierras inició el proceso de los títulos de propiedad en esa finca. Pero hace falta atención el Estado para regularizar a las familias, ya que existe una disputa de alrededor de 30 caballerías.
Sin embargo, desde el 2004 que desapareció el comité de pro mejoramiento de tierras, algunas personas se autodenominan líderes comunitarios, pero que no son reconocidos por los consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes).
Los vecinos mencionaron a Rodrigo Tot, que insiste en ser líder comunitario. Pero dudan de que trabaje para el beneficio de la comunidad, y aunque recibió un reconocimiento internacional, no lucha por mejorar la comunidad.
“Algunos señalan que don Rodrigo invadió tres caballerías, que está en disputa con la Compañía Guatemalteca de Níquel. Porque corrieron las piedras, que son el límite en el Lote 9 y ahora hay disputa por la separación”, comentaron algunos pobladores, que por temor pidieron no dar sus nombres.
Esta semana pobladores acudieron a la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Guatemala. Por la demanda que presentó el supuesto líder comunitario para exigir el reconocimiento de sus tierras como propiedades indígenas.
Falta de atención en El Estor
Entre los acuerdos que de la consulta comunitaria que se realizó el año pasado en El Estor para permitir el funcionamiento de la mina Fénix se acordó el apoyo a varios proyectos. Entre ellos de escuelas, mejoramiento de carretera y centro de salud.
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Vecinos del Lote 9 reconocen que la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) ha colaborado en algunos proyectos. Pero lo que más demandan es el tema de agua potable, que los gobiernos locales y de turno no atienden.
Autoridades de la CGN explicaron que la falta de un registro catastral del área genera esos conflictos. Ya que según datos información las tierras no eran habitables y existe la duda de que pertenezca a una comunidad ancestral.
El problema de no existir un registro de catastro hace que varias inversiones en Izabal afecten la certeza de la propiedad privada. Como es lo que ahora enfrenta CGN y llevó a que se presentara la demanda contra el Estado.
