Pobladores de la vía férrea manifiestan frente al Congreso de la República y piden la derogación del contrato del ferrocarril del bicentenario.
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Domingo Hernández, representante de las personas que habitan a la orilla de la línea férrea, indicó que arribaron al Congreso a solicitar a la presidente del Organismo Legislativo, Shirley Rivera, la derogación del contrato.
Mencionó que van intervenir para que de los US $700 millones que se tienen contemplados para la implementación del ferrocarril bicentenario, una parte se asigne para resolver la situación de vivienda de los pobladores de la línea férrea a nivel nacional.
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Asimismo, exigen una asignación no menor a Q65 mil por familia para compra de tierra y construcción de vivienda.
“Es una violación al derecho humano, dado a que la vivienda es un derecho humano. Aquí con la amenaza de desalojo se están violando los derechos de la niñez y juventud porque se les está quitando una vivienda digna. El propio Presidente de la República anunció el desalojo cuando firmaron el contrato con la empresa mexicano”, expresó Hernández.
Además, se está pidiendo que se instale una mesa de diálogo.
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PDH pide a Contraloría verificar convenio de línea ferroviaria
El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, señaló la necesidad de verificar las negociaciones que se están llevando a cabo con relación al contrato de arrendamiento de la línea ferroviaria.
En ese sentido, solicitó la intervención urgente del Contralor General de Cuentas, Edwin Salazar, para que se puedan implementar los análisis que correspondan.
El magistrado de conciencia señaló que Fegua, como ente estatal, otorgó un usufructo a favor de la entidad Compañía Desarrolladora Ferroviaria, Sociedad Anónima, en la cual el Estado de Guatemala posee el 83% de las acciones.
“Es decir que el capital de dicha entidad está mayoritariamente conformado por capital estatal y, por ende, está sujeto a la normativa aplicable a instituciones estatales”, destacó.
Mencionó que, a pesar de ello, en su asamblea general la referida compañía autorizó una minuta de arrendamiento de los bienes inmuebles que únicamente posee en usufructo.
También afirmó que se autorizó a un administrador único y representante legal, que el pasado 14 de enero suscribió un contrato de arrendamiento con Remed S. A., una entidad de capital mexicano.
