El Ministerio Público (MP) develó un nuevo caso de corrupción denominado “Amperios, un negocio deslumbrante”, que involucra al exministro de Energía y Minas, Erick Archila Dehesa, y a otros exfuncionarios del Partido Patriota.
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Por medio un comunicado, el exfuncionario detalló que desde 2012 ha sido víctima de hostigamiento político por un sistema de justicia cooptado y corrupto.
Agregó que ha sido víctima de una violación sistemática a mis derechos humanos, hostigamiento familiar, presión editorial en mis medios, faltas al debido proceso y acusaciones sistemáticas falsas en mi contra en la que han atentado a mi honorabilidad.
“He tomado acciones legales en Estados Unidos, país donde públicamente resido, denunciando el actuar corrupto del Ministerio Público las cuales incluyen intentos de extorsión por parte de sus fiscales, la revelación de documentos de carácter confidencial para usos perversos y la intimidación para someter a la prensa a sus intereses entre muchos otros”, expresó.
De acuerdo con el exministro, el caso judicializado por el MP no hace más que reforzar su actuar político y careciente de veracidad.
“Es evidente que los fiscales actúan en total desconocimiento de gestión pública y energética”, agregó.
Asimismo, emitió una seria de aclaraciones para la población guatemalteca:
1. La licitación fue aprobada por el Consejo Directivo del INDE, toda vez que la institución necesitaba garantizar y respaldar los compromisos de venta de potencia y energía que adquirió en las licitaciones PEG. La licitación siempre tuvo como objeto buscar un oferente de largo plazo y no de dos años como equivocadamente señala el MP en su comunicado, esto esta claramente documentado en las bases públicas del evento en Guatecompras.
2. Los compromisos adquiridos por el INDE en ese entonces no podían ser cubiertos con las plantas existentes, ya que su energía hidráulica no era suficiente para cubrirlos en época de verano. Sin este proceso el país se hubiera visto afectado con serias faltas de capacidad de energía y por eso el ECOE solicitó a la Junta Directiva del INDE la creación del evento.
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3. La contratación de la Generadora La Libertad es producto de una licitación pública, cuyas bases fueron aprobadas de forma unánime por el Consejo Directivo del INDE y el proceso es llevado por una junta licitadora. La oferta estuvo abierta durante tres meses para recibir oferentes, sin embargo llegó un único oferente el cual presento un precio de mercado.
4. El Consejo Directivo únicamente recibe la resolución de una junta de licitación, de la cual ningún miembro de la Junta Directiva formó parte. Dicha licitación fue un evento público que cumplió con todas las condiciones de ley y reglamentos.
5. Niego enfáticamente algún vínculo empresarial o personal con algún miembro del sector energético y rechazo las acusaciones burdas e infundadas que hoy hace el Ministerio Público.
“Lamento mucho por quienes han sido colaterales de esta persecución y sus familias, confió en la justicia de Dios, que la verdad siempre saldrá a relucir y que su inocencia será probada”, puntualizó.
