El Juzgado de Mayor Riesgo “A”, a cargo de Claudette Domínguez, declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad que presentó la defensa de Sandra Torres.
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Este fallo confirma que la excandidata presidencial por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) será procesada por el delito de financiamiento electoral no registrado.
Torres planteó dicha acción para que no le fuera aplicado el artículo 407 “O” del Código Penal, argumentando que esa acción ilícita no figuraba en la legislación nacional cuando se supone que ella habría cometido los hechos que se le señalan.
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#AHORA Caso "Financiamiento UNE": Juzgado de Mayor Riesgo "A" declaró sin lugar la inconstitucionalidad en caso concreto que planteó Sandra Torres, quien buscaba que no le fuera aplicado el artículo 407 "O" del Código Penal (1/2) pic.twitter.com/voWuM8JyfA
— Publinews Guatemala (@PublinewsGT) October 19, 2021
Caso contra Sandra Torres
En julio pasado, la defensa de Torres presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del caso por supuesto financiamiento electoral irregular.
En el memorial se indicó que es contrario a la Constitución Política de la República de Guatemala que la excandidata presidencial enfrente cargos por el delito de financiamiento electoral no registrado.
Argumentan que esa acción ilícita no figuraba en la legislación nacional cuando se supone que ella habría cometido los hechos que se le señalan.
El Congreso aprobó el 18 de octubre de 2018 las modificaciones al Código Penal, que incluyen adicionar el artículo 407 “O”, en el que se aborda el financiamiento electoral no registrado.
Financiamiento electoral no registrado
El juzgado a cargo del caso contra Torres resolvió en octubre de 2019 que la expresidenciable debía ser procesada por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado.
El caso, presentado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), se relaciona con irregularidades en el financiamiento electoral del partido verde durante las elecciones de 2015.
La FECI estableció que parte de los fondos que la agrupación utilizó en esa campaña electoral no habrían sido reportados al Tribunal Supremo Electoral.
Los recursos ascienden a un total de Q27 millones, de los cuales al menos Q9 millones podrían tener origen ilícito.
Con información de Samanta Guerrero