La justicia guatemalteca estableció la culpa de Rafael Mayén Guzmán, exgobernador de Baja Verapaz, quien decidió reconocer su culpa.
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El exfuncionario enfrentó un proceso penal por el caso que se denomina “Asalto al Ministerio de Salud”, en el cual se le señaló por el delito de tráfico de influencias.
Después de varios meses de acudir a audiencias judiciales, Mayén Guzmán optó por negociar con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP).
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Así, junto a sus abogados buscó una medida para agilizar las diligencias judiciales en su contra.
#AHORA Rafael Mayén Guzmán, exgobernador de Alta Verapaz y vinculado con el caso “Asalto al Ministerio de Salud", fue condenado por la vía del procedimiento abreviado por la jueza Érika Aifán a 2 años y 6 meses de prisión inconmutables con abono de la prisión ya cumplida pic.twitter.com/5hJrYOsbPc
— Publinews Guatemala (@PublinewsGT) July 13, 2021
De acuerdo con las pláticas que sostuvo con los fiscales, acordó aceptar su culpa por el referido hecho ilícito ante la judicatura que conoce el caso.
En ese sentido, Mayén Guzmán acudió este martes 13 de julio ante la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, para confesar delito.
La fiscalía solicitó a la juzgadora que, como el exfuncionario ya había aceptado sus acciones, podía se beneficiado con el desarrollo de un procedimiento abreviado.
La sentencia que dictó Aifán señala que:
- Se impone una pena de 2 años con 6 meses de prisión inconmutables.
- Como ha permanecido en prisión preventiva, se debe calificar como abono el tiempo que ha mantenido esa medida de coerción.
- Debido a que confesó y la pena es baja, se suspendió de manera condicional la ejecución de la misma, por lo cual podrá salir de la cárcel.
El próximo viernes 16 de julio se desarrollará la audiencia de reparación digna.
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Beneficio ante la justicia
Según la legislación guatemalteca, un procedimiento abreviado significa que una persona que enfrente un proceso penal puede ser sentenciada sin haber llegado ante un tribunal penal y evitar que transcurriera más tiempo ante las instancias judiciales.
Pero si el beneficiado vuelve a ser investigado y enjuiciado, y si se le dicta una nueva condena, deberá cumplir la nueva pena y la que le fue suspendida.
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