En el informe anual, el contralor general, Edwin Salazar detalló que se presentaron 121 denuncias penales por irregularidades en el manejo de los presupuestos durante el 2020.
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De acuerdo con el funcionario, el monto por esas denuncias por dudas en el manejo de los recursos públicos ascienden a Q934 millones. Por lo que será el Ministerio Público el que determine si cometieron delitos y perseguir a los encargados de los recursos.
Según Salazar, se elaboraron tres categorías de auditoría, que son: resumen de hallazgos y acciones legales, exámenes especiales de auditoría y auditorías de desempeño y así poder llegar a las denuncias.
De las 607 revisiones que hicieron, se impusieron cinco mil 924 sanciones económicas que suman un monto de Q200 millones 131 mil. También se establecieron 55 formulaciones de cargos por un total de Q8.9 millones y se presentaron seis mil acciones legales, de diferente índole, que sumaron Q1 mil 143 millones.
Suspenden licitación
También la CGC indicó que se suspendieron cuatro eventos para compra de bienes o adquisición de servicios. Los eventos suspendidos fueron en el Ministerio de Ambiente por un monto de Q14.9 millones, por incumplir con las bases de concurso, irregularidades en los contratos e incumplimientos de cláusulas. En dicho evento se buscaba comprar un sistema de información en arquitectura web para gestionar las licencias ambientales.
También la Fuerza Aérea Guatemalteca tuvo que dar marcha atrás en la contratación de mantenimiento y reparación de un avión por Q31.3 millones. Ya que el evento no estaba contemplado en el plan anual de compras y no se daba certeza en el funcionamiento del avión y generó anomalías que pudieron caer en denuncias.
Otro de los eventos suspendidos fue en la Dirección General de Adquisiciones del Estado. Cuyo evento sería de Q205 mil 347 millones para la compra de productos medicinales y farmacéuticos, pero por incumplimiento no se realizó.
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Y el último proceso cancelado fue en el Ministerio de Desarrollo Social por la compra de galleta nutricional por Q14.6 millones, pues se carecía de transparencia.
En lo últimos dos procesos, la Contraloría evitó describir las entidades que tuvieron que dar marcha atrás al proceso. Pero con los números de operaciones se identificó a las instituciones.
Sin conocer denuncias
La Contraloría General de Cuentas debe rendir un informe anual a los diputados a más tardar el 31 de mayo.
Ayer se consultó en la página electrónica las entidades a las que se les presentó denuncia penal, pero en la mayoría no se encontró el archivo.
Entre las entidades con denuncias están los ministerios de Comunicaciones, Educación, Gobernación y Salud.
Los hallazgos en la cartera de Gobernación fueron descontrol en el uso de lubricantes para vehículos por Q50 mil, deficiencias en la suscripción de contratos en compras. Deficiencias en las compras directas de bienes y servicios. Además no se publicaron eventos en el portal de Guatecompras por la Policía Nacional Civil, Departamento de Tránsito, el Sistema Penitenciario y Migración.
También se presentaron denuncias contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). La Dirección de Aeronáutica Civil, ya que hubo deficiencia para la planificación de la reparación de la pista de aterrizaje en el aeropuerto La Aurora. Falta de fianza y nombramiento de personal que no cumple con los requisitos para los puestos. También se denunciaron municipalidades y fideicomisos.
“El 89 por ciento está relacionado con el incumplimiento a leyes y regulaciones aplicables, contratos y convenios celebrados por las entidades sujetas a fiscalización. Por eso se consolidan alianzas con sectores y la comunidad internacional para fomentar la transparencia”, Edwin Salazar, contralor general.
