Un total de 15 asesinatos y 1004 casos de agresión contra personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos ocurrieron durante 2020.
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El dato es alto en comparación con 2014, un año con mucha violencia, cuando ocurrieron 820 casos de violencia, según la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua).
La violencia se dio durante el primer año del gobierno del presidente Alejandro Giammattei y durante la pandemia por el coronavirus, que ha impactado en la vida de miles de personas.
En los últimos 20 años, la violencia contra la comunidad que defiende los derechos humanos disminuyó en el primer año de gobierno de los diferentes presidente, pero este fue la excepción.
La administración actual ha “impulsado la consolidación del autoritarismo y el cierre de espacios de participación democrática”, impulsando una política represiva en contra de quienes se oponen a sus intereses, indicó Udefegua.
Derechos humanos: Detalle de la violencia
- Del total de casos de agresión, 338 fueron contra defensoras mujeres y 530, contra defensores hombres.
- Otros 136 fueron cometidos contra colectivos, organizaciones y comunidades.
- Hubo 15 asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos y 22 intentos de asesinato.
- Los departamentos con mayor registro de violencia son: Guatemala, Izabal, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Huehuetenango, Sololá y Chiquimula.
Exigencias de Udefegua
Por la violencia a las defensoras y defensores de derechos humanos, así como a la población que se ha manifestado pacíficamente, Udefegua hace cuatro exigencias:
- Al gobierno: Cesar la represión, violencia y criminalización contra quienes defienden los derechos humanos. Se demanda la destitución del ministro de Gobernación y viceministro de Seguridad.
- Al Ministerio Público: Investigar los hechos, así como detener la estrategia de criminalización contra quienes defienden el territorio como contra operadores de justicia.
- A sociedad civil: Retomar los espacios de articulación con el Estado para garantizar un esquema de protección para todas las personas que defienden los derechos humanos.
- A la comunidad internacional: Aumentar la observación, documentación de estos hechos, así como la denuncia y demanda hacia el Estado a cesar la violencia y disminuir la impunidad sobre los delitos cometidos.
