El exministro de Finanzas Públicas Víctor Martínez fue acusado de manera formal ante la justicia guatemalteca.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) acudió al Juzgado de Mayor Riesgo D para entregar el informe final de la investigación en contra del exfuncionario.
En el documento se solicitó que Martínez enfrente un juicio ante un tribunal de Sentencia Penal por el delito de fraude.
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Se sostiene que el exministro habría incurrido en el referido hecho ilícito y se presentaron los indicios con los cuales se busca que sea acreditada dicha acción.
#FinanciamientoUnionista FECI presentó en el Juzgado de Mayor Riesgo "D" la acusación contra del exministro de Finanzas, Víctor Martínez, por el delito de fraude. La acusación del MP se compone de 17 medios de investigación testimonial, 127 documentales y 27 medios materiales.
— Joel Maldonado (@JMaldonado_EUD) November 13, 2020
En la acusación la FECI señala que Martínez habría formado una red delictiva que operó en la Municipalidad de Guatemala, la cual:
- Planificó y ejecutó estrategias para que el partido político Unionista lograra el gobierno local en diversos procesos de elección.
- Los eventos en los cuales se pudo determinar que actuó la red se desarrollaron en 2011 y en 2015.
- El exministro tendría relación con el uso de Q1 millón del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (FAPU) para financiar las campañas electorales de la referida agrupación política.
- Con las campañas se buscó posicionar la imagen del alcalde Álvaro Arzú, fallecido en 2018, y así volviera a ganar la alcaldía.
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Exministro ante la justicia
El caso se hizo público en 2019, cuando se anunció que se presentaría una solicitud de antejuicio en contra de Martínez.
Sin embargo, este perdió el derecho de inmunidad al concluir el gobierno de Jimmy Morales. De esa cuenta, fue citado a declarar como sindicado en enero de 2020.
La jueza Erika Aifán determinó procesar de forma penal al exministro por el delito de fraude y ordenó que no se le permitiera salir del país sin autorización judicial.
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