Las autoridades y organizaciones de pueblos indígenas se pronunciaron sobre la propuesta de presupuesto para el próximo año.
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El Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para aprobarla, de lo contrario seguirá vigente el gasto público actual.
Las organizaciones aseguran que el gasto y la inversión pública “sigue privilegiando lógicas tradicionales que discriminan a la población de los territorios más pobres y con mayor porcentaje de población indígena”.
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Indican que el presupuesto destina 63% del monto para la reactivación económica y social a infraestructura u obra gris. Y solo un 11% para programas sociales.
“Evidencia que el desarrollo humano no constituye una prioridad. Y más bien, muestra los intereses de actores y sectores que históricamente se han beneficiado del Estado”.
Demanda al Congreso de la República
Ante lo planteado, las autoridades y organizaciones de pueblos indígenas demandan al Congreso equilibrar el destino de los fondos del presupuesto.
Además de aumentar la inversión para el desarrollo de los pueblos indígenas. Especialmente inversión para salud, desnutrición crónica infantil, agua potable y educación, pues es donde se concentran los índices más altos de pobreza, desnutrición y analfabetismo.
Al mismo tiempo, solicitan definir mecanismos de protección social para apoyar a las familias con acceso a créditos y microcréditos para mujeres y jóvenes con tasas de interés blandas.
En tanto, exigen mejorar el registro del gasto público con información abierta y permanente para garantizar transparencia y probidad en la ejecución.
