El Ministerio Público (MP) emitió un comunicado en el que aseguró que “bajo ninguna circunstancia se busca debilitar a la FECI” –Fiscalía Especial contra la Impunidad-.
La reacción se da porque este miércoles se conoció que el MP, con María Consuelo Porras al frente, ordenó nueve procedimientos administrativos contra tres fiscales de la FECI. Ellos son: Juan Francisco Sandoval, Carlos de León y Carlos Vides.
Las acciones fueron interpuestas por personas acusadas por corrupción: Gustavo Alejos, implicado en cinco casos penales; Julio Ligorría, exembajador prófugo desde 2017; Denis Herrera, abogado señalado de tráfico de influencias; y dos asesores de Porras.
MP ordena procedimientos administrativos contra personal de la FECI
En ese sentido, el MP indicó: “Ningún funcionario o empleado público es superior a la ley. La labor del MP es atender las denuncias que recibe y, bajo esos principios, no se puede limitar el derecho ciudadano de denuncia”.
“Existen órganos específicos que evalúan si existe o no la comisión de un hecho ilícito. De lo contrario se desestimaran, lo que implica el cumplimiento de procedimientos previamente establecidos en ley, que respetan el derecho de defensa y el principio de inocencia, los cuales le asisten a las y los fiscales, así como a los trabajadores”.
En el comunicado se indica que las denuncias por faltas administrativas son enviadas a la Supervisión General y no se inician por la fiscal general.
La aclaración del MP se hizo, pues en las redes sociales se ha cuestionado el actuar del MP contra los miembros de la FECI, quienes han presentado casos de alto impacto que han involucrado a políticos, exfuncionarios y empresarios.
Asimismo, se ha puesto en duda la imparcialidad y la objetividad de Porras. Además que se ha recordado fue electa por el ahora expresidente Jimmy Morales, quien es recordado por no prorrogar el mandato de la CICIG.
El dato
- Juan Francisco Sandoval es el jefe de la FECI
- Sandoval junto a sus compañeros Carlos de León y Carlos Vides han presentado casos que involucran a políticos, empleados públicos y exfuncionarios.
