El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, en prisión domiciliaria por orden de la Corte Suprema que lo investiga por presunta manipulación de testigos, anunció este martes su renuncia al escaño que ocupaba como senador desde 2014.
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En una carta al Congreso, el exmandatario (2002-2010) justificó su decisión ante la imposibilidad “de poder regresar al Senado” por cuenta del proceso que enfrenta en su condición de parlamentario.
La cámara alta aceptó la dimisión en una votación relámpago.
Senador más votado y jefe del partido en el poder, el Centro Democrático, Uribe ya había dejado su escaño en julio de 2018, cuando el máximo tribunal lo llamó a indagatoria dentro de la causa que terminó con su arresto preventivo a comienzos de agosto.
Entonces, el mandatario quiso eludir la competencia de la Corte Suprema -a la que critica con vehemencia por su supuesto sesgo- para quedar bajo la lupa de la fiscalía, según analistas y críticos.
Pero Uribe desistió sorpresivamente de la renuncia, animado por su partido de derecha, con lo que el proceso siguió su marcha en ese tribunal, único órgano con potestad de investigar a los congresistas en Colombia.
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Por ahora es incierto si su nueva movida para esquivar la acción de la máxima corte dará frutos.
En declaraciones a la AFP, el abogado constitucionalista y académico Juan Manuel Charry explicó que el caso de Uribe podría pasar a la fiscalía solo si “los delitos investigados no tienen relación” con sus funciones como senador.
Y será la misma corte la que dirima si el presunto delito “está relacionado o no con las funciones de congresista”, agregó el experto.
Los dardos de Uribe
En su comunicación, Uribe denunció “la violación de ocho garantías procesales” y aseguró ser víctima de “interceptaciones ilegales y dolosas”, así como de filtraciones del expediente en su contra a “adversarios políticos y periodísticos”.
Esto anula “cualquier expectativa de poder regresar al Senado, institución en la cual procuré ser cumplido y aportar con estudio a los diferentes temas”, insistió el expresidente.
Al mismo tiempo abogó “por una reforma a la justicia que la despolitice”, una propuesta que según el Centro Democrático debería tramitarse vía referendo para cambiar la Constitución de 1991.
Uribe es el primer exmandatario en ser apresado en Colombia y a su vez el político más popular e influyente de este siglo en el país, por su mano dura contra las FARC cuando estuvo en el poder y luego por su rechazo al acuerdo de paz con esa guerrilla en 2016.
También un amplio sector lo repudia por los múltiples escándalos de corrupción y de violaciones de derechos humanos que alcanzaron a su círculo próximo.
El exmandatario de 68 años quedó enredado con la justicia en un giro insospechado de su caso.
En 2012 presentó una denuncia contra el senador de izquierda Iván Cepeda por un supuesto complot judicial que se preparaba en su contra con testimonios falsos.
Uribe sostenía que Cepeda -uno de sus mayores adversarios y testigo en su proceso- contactó a exparamilitares presos para que lo vincularan con esos grupos, acusados de delitos atroces en el curso del conflicto colombiano de seis décadas.
Pero la corte se abstuvo de enjuiciar al izquierdista y en cambio decidió abrir en 2018 la investigación contra el exmandatario bajo la misma sospecha: manipular testigos contra su opositor.
Este martes Cepeda, quien denunció amenazas de muerte tras el auto de la corte que llevó a prisión a Uribe, confió en que el proceso siga su marcha en el máximo tribunal.
“Uribe, en su condición de senador, utilizó a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo para contactar a distintos presos en las cárceles del país, paramilitares, para que declararan en mi contra”, señaló el legislador.
El exmandatario enfrenta acusaciones por las que podría pagar unos ocho años de prisión.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, sorprendió el viernes cuando pidió públicamente que Uribe se “defienda como hombre libre” y llamó “héroe” al que fuera por años el aliado más estrecho de Washington en la región.
