Organizaciones sociales se pronunciaron en rechazo a la ampliación del estado de prevención que declaró el Gobierno para cinco municipios de Izabal y Alta Verapaz.
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En el diario oficial fue publicado este domingo el decreto gubernativo número 16-2020 de la Presidencia de la República.
El mismo señala que a partir de esta fecha está vigente la medida por un período de 15 días, con el objetivo de fortalecer acciones de seguridad en esa región.
La misma es aplicable para los municipios de El Estor, Morales y Livingston, en Izabal; y Panzós y Santa Catalina La Tinta, en Alta Verapaz.
Ya el pasado 27 de julio el Ejecutivo había establecido un estado de prevención en esos lugares, también por un período de 15 días.
El argumento que plantean las autoridades es que diversos habitantes y grupos armados han efectuado una serie de acciones que encuadran en indicios fundados de actos violentos y ataques contra las fuerzas de seguridad.
“Acciones realizadas, posiblemente, por instigación de grupos criminales que tienen como objeto desestabilizar a la autoridad departamental y municipal”, destaca el decreto.
Asimismo, refiere que esta situación genera violencia e ingobernabilidad, riesgo a la vida y la libertad y afectan la justicia, desarrollo social, paz y seguridad de los habitantes de la región.
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Pronunciamientos
El Comité de Unidad Campesina (CUC) señaló que se trata de una política represiva de parte del Gobierno.
“Se ha evidenciado que estas acciones solo vienen a violentar y saquear las viviendas de las comunidades como lo demostrado en la última incursión de la policía nacional en conjunto con el Ejército el pasado mes de julio en estos municipios”, expuso en un comunicado.
Mientras tanto, la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej señaló al Ejecutivo de estar al servicio de “poderes económicos y paralelos”.
“Es incapaz de gobernar, veda derechos para reprimir a poblaciones vulnerables en medio de la pandemia del Covid-19 y crisis alimentaria”, enfatizó.
