El Congreso de la República deberá conocer el decreto 13-2020 que establece estado de Sitio en cinco municipios de entre Alta Verapaz e Izabal.
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La medida fue implementada en El Estor, Morales y Livingston, en Izabal;, y Panzós y Santa Catarina La Tinta, en Alta Verapaz.
Estuardo Vargas, de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), indicó que la medida será analizada en la facción de la bancada que dirige; sin embargo, agregó que podrían respaldar dicha medida por los actos vandálicos y las incautaciones de droga que han ocurrido en ese sector.
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Armando Castillo, de Visión con Valores, indicó que es necesario tomar medidas como el estado de sitio para retomar el control en esas localidades en función de proteger a la población.
Bernardo Arévalo, de Semilla, afirmó que su bancada no apoyará el estado de sitio, por ser una medida fuera de lugar. A su criterio, el estado debe tener la capacidad de garantizar la seguridad de los habitantes en el marco de las garantías constitucionales establecidas sin hacer uso de medidas extremas como el estado de sitio.
Sonia Gutiérrez ,de Winaq, afirmó que votarán en contra de declarar estado de Sitio en ese sector, ya que podrían surgir presiones hacia ciertos sectores.
Accionan contra medida
Organizaciones sociales de Guatemala pidieron este lunes a la máxima instancia judicial del país dejar sin efecto el estado de sitio declarado por el gobierno en cinco municipios del noreste, al considerar que busca militarizar la zona y perseguir a los movimientos opositores a megaproyectos.
Los activistas solicitaron a la Corte de Constitucionalidad (CC) frenar el acuerdo emitido el domingo por el presidente Alejandro Giammattei, que restringe varios derechos constitucionales en los poblados de El Estor, Morales, Livingston (departamento de Izabal), y Panzós y Santa Catarina La Tinta (departamento de Alta Verapaz), la mayoría de presencia indígena.
“Rechazamos toda acción injustificada de militarización y de represión contra los pueblos”, señalaron en un comunicado las organizaciones Asamblea Social y Popular, Asociación de Estudiantes Universitarios y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).
Con información de Francisco Pérez