La Asamblea Social y Popular, la Asociación de Estudiantes Universitarios “Oliverio Castañeda de León”, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, el Bufete para Pueblos Indígenas, y el Comité de Unidad Campesina (CUC) presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra del estado de sitio que se decretó en cinco municipios de Izabal y Alta Verapaz.
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Se trata de El Estor, Livingston y Morales, en Izabal; y Santa Catalina La Tinta y Panzós, en Alta Verapaz.
De acuerdo con los solicitantes, esta medida “es un estado de Sitio desproporcionado y no justificado”.
Publican estado de sitio
Este domingo fue publicado el decreto 13-2020 para establecer la medida en los referidos municipios.
Según el gobierno de Alejandro Giammattei, en dichas localidades se encuentran grupos armados vinculados al crimen organizado y el narcotráfico que provocan violencia en la región.
La orden restringe derechos constitucionales como la libertad de movimientos, porte de armas y a manifestarse, entre otros, y permite las detenciones e interrogatorios sin justificación.
El estado de sitio será aplicado por 30 días en los poblados de El Estor, Morales, Livingston (departamento de Izabal), y Panzós y Santa Catarina La Tinta (departamento de Alta Verapaz); casi todos con presencia de población indígena.
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“En los referidos lugares se ha detectado la presencia de grupos del crimen organizado que cometen actividades ilícitas, como narcotráfico, la migración ilegal, contrabando y otros hechos más”, justificó Giammattei en un comunicado.
Rechazan medida
El líder indígena Daniel Pascual dijo a la AFP que la acción del gobierno pretende perseguir a los movimientos sociales que han mantenido una oposición histórica en el área a la minería de níquel, hidroeléctricas y plantaciones de palma africana, además de la lucha por recuperar tierras ancestrales, entre otros conflictos.
“No cabe duda que su objetivo (del gobierno) es barrer, desalojar y capturar esa región para dejar todo en manos de las empresas transnacionales”, consideró Pascual, coordinador del Comité de Unidad Campesina (CUC).
El estado de sitio debe ser ratificado por el Congreso para entrar en vigor.
Giammattei, de 64 años y médico de formación, asumió la presidencia el 14 de enero pasado y desde entonces ha recurrido a la restricción de derechos para intentar controlar la violencia en algunos poblados.
Dos días después de jurar al cargo, el mandatario impuso un estado de prevención con el despliegue de cientos de policías y soldados en los municipios de Mixco y San Juan Sacatepéquez, áreas colindantes al oeste con la capital y golpeadas por la actividad de pandillas.
La ola de violencia dejó 4.645 personas muertas en 2019. La mitad de los crímenes están asociados al narcotráfico y a pandillas dedicadas a la extorsión del transporte de pasajeros y a comerciantes.
Entre enero y junio pasados, las muertes violentas disminuyeron un 31% comparadas con el primer semestre del año anterior, una reducción atribuida por las autoridades principalmente a las medidas de confinamiento obligatorio a causa de la pandemia de coronavirus.
