La Alianza por las Reformas presentó una acción de inconstitucionalidad contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de designar un juzgado específico para conocer los procesos penales en donde haya funcionarios señalados.
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El recurso fue planteado en conjunto con el Colectivo de Investigaciones Sociales y Laborales (Coisola).
La alianza argumentó que no se debe someter a las personas a procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.
Por lo que consideró que el acuerdo 22-2020 de la CSJ, en donde se establece dicho procedimiento, viola la Constitución Política de la República.
Específicamente mencionó el artículo 12, pues ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, expuso la organización por medio de un comunicado.
Añadió que también se incumple el acuerdo 203, relacionado con la independencia judicial y el derecho de toda persona a ser juzgada por un juez objetivo, imparcial e independiente.
“Esperamos que la Corte de Constitucionalidad deje sin efecto esta disposición arbitraria”, enfatizó.
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Señala irregularidades
En el comunicado emitido este domingo, la Alianza por las Reformas refirió que la intención de la CSJ de designar este órgano jurisdiccional para los casos contra funcionarios podría tener como objetivo nombrar jueces ad hoc para favorecerlos.
“Esto representa una clara violación a la garantía de igualdad ante la ley y puede ser utilizado como un instrumento de impunidad”, se menciona.
Añade que otra opción es que se estaría buscando perjudicar a fiscales, jueces y otros funcionarios con base en denuncias maliciosas o infundadas, como represalia por su labor independiente.
