Siete de las personas acusadas en el caso Municipalidad de Chinautla, "un negocio de familia", fueron beneficiadas con arresto domiciliario y a una más se le negó la medida sustitutiva.
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La audiencia de revisión de medidas de coerción se llevó a cabo este jueves en el Tribunal de Mayor Riesgo C.
Los jueces les otorgaron arresto domiciliario y fijaron el pago de fianzas por hasta Q4 millones a las siguientes personas:
- Oscar Noé Cajero Bautista.
- Alba Lissete Fabián Barrera.
- María Luisa Osorio Vásquez
- Samuel Escalantes Vásquez.
- Esaú Alonzo Cajero Bautista.
- Héctor Adolfo Aguirre Vásquez.
- José Lizandro Mendizábal Monroy
Mientras tanto, los togados establecieron que Gustavo Adolfo Soto Osorio deberá continuar en prisión preventiva.
El caso
Según investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), existió una estructura delictiva que cooptó la municipalidad de Chinautla para sustraer fondos.
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Las pesquisas se iniciaron después de que la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) denunció ante el MP una serie de transacciones sospechosas.
Se señala a Arnoldo Medrano, quien fue alcalde de esa localidad por 27 años, de liderar la organización, misma que también habrían integrado sus familiares.
Se indicó que parte de los recursos públicos asignados a la comuna fueron desviados y trasladados a cuentas bancarias de empresas vinculadas con allegados al exjefe edil.
De acuerdo con las pesquisas, por medio de contrataciones irregulares y el manejo de al menos un fideicomiso para ejecutar 14 obras públicas, se sustrajeron Q423 millones.
El juicio por esta caso se encuentra en su fase final. El ente investigador solicitó penas de entre cinco y 26 años de prisión para los implicados.
