La pandemia les impidió seguir escuchando a los verdugos de sus hijos. Mientras llega el momento de encararlos en audiencia, madres colombianas hallaron en las mascarillas un medio para que su causa vaya de boca en boca preguntando quién dentro del ejército ordenó matarlos.
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Las madres de Soacha, el colectivo que reúne a 14 mujeres humildes que perdieron a sus hijos a manos de militares que los presentaron luego como guerrilleros caídos en combate en 2008, estamparon en los tapabocas la pregunta punzante "¿Quién dio la orden?".
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"En este momento de tanto silencio, y después de tantos años de lucha, pues dijimos: no nos van a callar", afirma Jacqueline Castillo, portavoz de la organización que lleva el nombre de un municipio próximo a Bogotá de donde fueron llevados hacia la muerte jóvenes engañados con la promesa de trabajo o dinero fácil.
Aunque no era de esa localidad, el hermano de Jacqueline también fue asesinado por soldados en 2008. Tenía 42 años y vendía dulces en un semáforo en Bogotá. Su cuerpo fue localizado a 740 kms del sitio.
Las Madres de Falsos Positivos (Mafapo) -como se conoce al mayor escándalo militar en el largo conflicto armado colombiano- rescataron el mensaje censurado de un mural para imprimirlo en las mascarillas.
En el símbolo universal de la lucha contra el coronavirus, ahora se ve la imagen de cinco oficiales en un fondo amarillo y sobre sus cabezas una cifra y una calavera en rojo, con una pregunta que domina todo el cuadro: ¿QUIÉN DIO LA ORDEN?
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"Tenemos que adaptarnos a la realidad de andar con tapabocas, entonces qué mejor que uno que si bien no te permite ver los labios, te permite ver una" causa, sostiene Eduard Barrera.
De 35 años, este diseñador gráfico apoya a las víctimas con las impresiones que luego lleva a los altos del sur de Bogotá, donde una familia castigada por la actual depresión económica cose las mascarillas que serán repartidas a domicilio a 10.000 pesos (2,5 dólares).
Expediente bochornoso
La justicia de paz creada a partir del acuerdo de 2016, que desarmó y transformó en partido a las FARC, la otrora guerrilla más poderosa de América, asumió el expediente de las ejecuciones militares dentro de la investigación de los peores crímenes del conflicto.
Entre las víctimas de los soldados estaban jóvenes -la mayoría pobres y algunos con discapacidades- que fueron disfrazados de guerrilleros y enterrados en fosas comunes.
Las unidades militares inflaron así sus logros en el marco de una conflagración que en seis décadas deja ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados. Y fueron recompensadas con días de descanso, proyecciones de ascensos o medallas.
La fiscalía ha documentado 2.248 "falsos positivos" entre 1988 y 2014. El 59% de los asesinatos ocurrieron entre 2006 y 2008 bajo el gobierno del ahora senador Álvaro Uribe (2002-2010), que negó siempre cualquier responsabilidad.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió la opción para que uniformados condenados por estos hechos rebajen sustancialmente sus penas si confiesan los crímenes y reparan a sus víctimas.
Desde 2018 los militares empezaron a comparecer. En esas estaban, con las madres mortificadas como testigos, cuando la pandemia detuvo las audiencias el 25 de marzo.
Contra la censura
Esta semana la JEP decidió recibir virtualmente los testimonios de los miembros del ejército. Mientras, el grupo de mujeres lucha para no caer en el olvido.
"Nos estábamos moviendo para hacernos visibles, ahora, como no se puede salir, pensarían: se jodieron (frustraron), pero resulta que yo sí salgo y puedo seguir jodiendo", señala la portavoz de las madres de Soacha, que por cuenta de amenazas debió enviar al exilio a dos de sus tres hijos.
En su búsqueda de justicia, estas mujeres se hicieron cargo de una imagen controvertida que antes de los tapabocas ya circulaba en camisetas.
"¿Quién dio la orden?" empezó siendo un mural que pintó Movice, una organización que representa a víctimas del Estado, un día de octubre de 2019. En la noche, militares lo taparon de blanco. El caso se hizo viral.
Uno de los oficiales retratados interpuso un recurso de protección alegando su derecho al buen nombre, lo que fue aceptado por un juez que ordenó borrar la imagen. En febrero, la Fundación para la Libertad de Prensa pidió la nulidad de lo dictado por el magistrado en un proceso que aguarda una sentencia definitiva.
Después del mural, la camiseta y el tapabocas "estamos pensando en geles antibacteriales que tengan la etiqueta", sonríe el diseñador.
