La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura manifestó este lunes 30 de marzo su preocupación porque no existe un mecanismo para atender a los privados de libertad durante la crisis sanitaria causada por el COVID-19.
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En conferencia de prensa se informó que durante una reunión que se sostuvo con el director del Sistema Penitenciario (SP), Jorge Flores, se determinó que no ha habido ninguna audiencia en los juzgados de Ejecución Penal, pese a que se han hecho las respectivas citaciones.
De esa cuenta, unos 800 reos han sido trasladados a las sedes de los referidos despachos judiciales y que estos han tenido que ser regresados porque en la puerta se indica, por medio de un cartel, que las diligencias se desarrollarán por la vía telefónica.
“Estamos muy preocupados por todas las personas que son vulnerables en todas las prisiones del país”, afirmó el relator Otto Paz.
El funcionario afirmó que han monitoreado de manera constante las actividades del SP y del Organismo Judicial (OJ) para determinar si existe una iniciativa para verificar el control de medidas de seguridad sanitaria a los internos de las prisiones.
Así, Paz afirmó que se solicitó un amparo para que se agilicen las diligencias de los juzgados de Ejecución Penal para por lo menos dos mis privados de libertad que se encuentran en el grupo de personas con mayor riesgo por contagio del nuevo brote de coronavirus.
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Crisis sanitaria
Una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) consiste en evitar las aglomeraciones o mantener una distancia de entre 1 metro a 1.5 metros entre personas, iniciativa que se denomina como distancia social.
La OMS también identificó a las personas de la tercera edad con mayor posibilidad de contagio.
El primer caso de COVID-19 del país se detectó el a mediados de marzo y se hizo público el viernes 13.
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