MP pide 26 años de cárcel contra Arnoldo Medrano y multa millonaria

Juicio por corrupción en Chinautla llega a su fase final.

Por Publinews

El Ministerio Público (MP) emitió sus conclusiones en el juicio por el caso "Chinautla: Un negocio familiar" este jueves 12 de marzo. En el caso se acusa al exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano.

La sanción que se solicitó al Tribunal de Mayor Riesgo C en contra del exjefe edil es de 26 años de prisión inconmutable y una multa de Q25 millones.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP, el exfuncionario habría cometido los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y fraude.

Junto a Medrano, el órgano encargado de la persecución penal también acusa a otras 17 personas y las penas solicitadas en su contra son:

  • María Luisa Osorio Vásquez: 10 años con 8 meses.
  • Alba Liseth Fabián Barrera: 10 años con 8 meses.
  • José Lizandro Mendizábal Monroy: 12 años.
  • Máx Alfonso Muralles Aché: 5 años.
  • David Antonio Pérez Muralles: 6 años.
  • William David Colindres Pérez: 10 años.
  • Josué Alexander Colindres Pérez: 10 años.
  • Cristian Adolfo Pérez Guerra: 10 años.
  • Milton Amory Pérez Guerra: 6 años.
  • Héctor Adolfo Aguirre Vasquez: 10 años.
  • Milton Alexander Aguirre Vásquez: 6 años.
  • Samuel Escalante Vásquez: 10 años.
  • Manuel Escalante Vásquez: 6 años.
  • Esau Alonzo Cajero Bautista: 12 años con 8 meses.
  • Oscar Noe Cajero Bautista: 8 años con 8 meses.
  • Brigido César Equite Guamuch: 6 años.
  • Gustavo Adolfo Soto Osorio: 11 años.

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Medrano y empresas

La extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) también participó en las investigaciones en la comuna de Chinautla.

De acuerdo con las pesquisas, la Municipalidad otorgó contratos millonarios a un grupo de empresas constructoras.

Las investigaciones comenzaron en 2011 con la denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB), relacionada con transacciones irregulares.

El MP considera como irregular el movimiento del dinero de la comuna hacia dichas empresas.

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