La Sala Segunda de Apelaciones resolvió que se reduzca, de 6 a 4 años de prisión inconmutables, la pena que en su momento fue dictada por el Tribunal Octavo Unipersonal en contra del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Gustavo Mendizábal, quien fue sentenciado tras el debate oral y público en el que fue hallado culpable del delito de tráfico de influencias.
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El Ministerio Público logró demostrar durante el juicio que Mendizábal era culpable de favorecer a la exvicepresidenta Roxana Baldetti con una resolución. En su momento, el juez Carlos Barrera, a cargo del proceso, señaló: “Gustavo Adolfo es autor responsable del delito de tráfico de influencias cometido y consumado en contra de la administración pública. Por tal infracción penal, se le impone la pena de seis años de prisión inconmutables”.
Los hechos ocurrieron en 2014 y se derivaron de una acción de amparo que el desaparecido Partido Patriota (PP) planteó contra una resolución del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en la cual se suspendía a esa agrupación política. Para sustentar dicho señalamiento, el MP presentó los mensajes enviados por la exvicemandataria.
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FECI analiza acciones
El titular de la FECI, Juan Francisco Sandoval, señaló que aún no han sido notificados pero en el momento en el que la unidad de impugnaciones reciba la notificación se podrá establecer si existe conformidad con la argumentacion que dio la sala para confirmar la sentencia condenatoria, pero haciendo una modificación en cuanto a la pena impuesta o si, por el contario, existe alguna vulneracion a la juridicidad y legalidad de la resolucion que llevaría al planteamiento de un recurso de casación. Sin embargo, eso solo se podrá determinar al momento en que sean notificados de la resolución.
Evidencias
- Entre los mensajes presentados por la Fiscalía, se mostró una comunicación en la que Baldetti cuestiona al exfuncionario sobre los votos necesarios para suspender la acción del TSE.
- Además se evidenció una solicitud de Mendizábal para ser promovida su candidatura como procurador general de la Nación con el entonces presidente, Otto Pérez Molina.
