La sorpresiva Política Pública de Protección y Atención a la Persona Migrante que publicó el presidente, Jimmy Morales, con el apoyo de su gabinete, ha sido cuestionada por expertos en relaciones exteriores.
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Por lo que excancilleres y exembajadores accionaron en contra de dicha propuesta ante la Corte de Constitucionalidad (CC), ya que consideran que dicha política debe ser definida en el marco constitucional.
Los profesionales que piden al máximo tribunal dejar en suspenso la decisión de Morales son los excancilleres Gabriel Orellana, Luis Alfonso Cabrera, Fernando Carrera, Edgar Gutiérrez, Francisco Villagrán y Eduardo Stein.
También aparecen Anamaría Diéguez, Ana Isabel Prera, Ariel Rivera Irías y Rodolfo Rohrmoser.
Y es que el acuerdo de Morales establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá coordinar la implementación de la política migratoria 2019-2032 para que instituciones públicas y privadas garanticen ese proyecto.
Dicha política pretende brindar protección y atención a los migrantes.
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Analizarán decisiones
Sin embargo, el gobierno que asumirá el 14 de enero a cargo de Alejandro Giammattei, ha solicitado mayor información de las negociaciones que hizo Morales con Estados Unidos para recibir migrantes que piden asilo político.
La semana pasada el presidente saliente indicó que será el gobierno de Giammattei que dialogue con autoridades estadounidenses sobre el envió de mexicanos al país, ya que hasta el momento “solo eran rumores”.
Morales se atrevió a decidir que el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, firmara con Estados Unidos, bajo la supervisión del presidente, Donald Trump, el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) mientras migrantes reciben una respuesta por el país norteamericano de concederles asilo político.
Y aunque el acuerdo fue impugnado por los excancilleres, la Corte de Constitucionalidad respondió que debía ser aprobado por el Congreso, decisión que Morales no acató.
