A ocho días de asumir la vicepresidencia de Argentina, Cristina Fernández de Kirhcner acudió este lunes a los tribunales para declarar en un juicio en su contra por presunta corrupción.
Se trata de la primera vez en que la exmandataria podrá hablar en su defensa ante el tribunal que la enjuicia como supuesta jefa de una asociación ilícita, acusada de favorecer al empresario Lázaro Báez en el otorgamiento de licitaciones de obras viales en la provincia de Santa Cruz.
Sus abogados solicitaron que la audiencia pública fuera transmitida en directo por televisión, pero el tribunal no lo autorizó.
Vestida con una chaqueta blanca, Fernández ingresó hacia las 09:30 (hora local), sin hacer declaraciones a la prensa.
La exmandataria insiste en que las causas judiciales en su contra responden a una persecución política.
"Lawfare"
"En la Argentina, como en el resto de América Latina, la articulación de los medios de comunicación hegemónicos y el aparato judicial con el objetivo de demonizar y destruir a los líderes de los gobiernos populares y democráticos, se ha transformado en un plan sistemático", escribió Fernández en Twitter horas antes de la audiencia indagatoria.
Actualmente, como senadora, tiene fueros parlamentarios que le han eximido de cumplir con la prisión preventiva solicitada por los jueces.
Cuando sea vicepresidenta, y por tanto también presidenta del Senado, se requeriría de un juicio político en el Congreso antes de retirarle los fueros.
Gregorio Dalbón, uno de sus abogados, sostuvo este lunes que "esta causa judicial va directo a la nulidad porque no tiene pies ni cabeza".
"Seguramente, los responsables del 'lawfare' van a ser juzgados en un futuro", añadió.
"De todo lo que han dicho de Cristina no encontraron nada. Cristina hoy va a demostrar que esta causa está armada para perseguirla".
A Fernández, de 66 años, le quedan ocho procesamientos, la mayoría por acusaciones de contrataciones irregulares y cohecho pasivo cuando era jefa de Estado. Cuatro han sido elevados ya a juicio oral, aunque sin fecha de inicio.
Dos causas, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito (Hotesur y Los Sauces), que implican también a sus hijos, Máximo y Florencia, tendrán un juicio unificado.
Otras dos son por la venta de "dólar futuro", que ella defiende como una medida de política monetaria, y por encubrimiento a raíz de la firma de un memorando con Irán en la causa que investiga el atentado en el centro judío AMIA, que causó 85 muertos en 1994.
*Con información de AFP