Integrantes del Movimiento Cívico Nacional (MCN) presentaron este viernes una denuncia contra tres integrantes de la junta directiva del Congreso por dos delitos.
Se trata de Flor de María Chajón, Estuardo Galdámez y Juan Manuel Giordano, quienes son señalados de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
José Echeverría, presidente del MCN, indicó que los legisladores no cumplieron con el debido trámite cuando se conocía la iniciativa de ley para la construcción de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal.
De acuerdo con la organización, se accionó porque ningún funcionario es superior a la ley; sin embargo, los legisladores habrían actuado de forma contraria en la sesión celebrada en el Congreso el 29 de octubre.
Ese día se conoció en tercera lectura la iniciativa de ley para el primer proyecto de alianza público-privada, el cual consiste en la carretera con peaje hacia Puerto Quetzal, y finalmente no fue aprobada por no contar con los votos necesarios.
Según la cartera de Finanzas, este proyecto que serviría para mejorar la construcción de la autopista en mención, desde el kilómetro 60.9 al 102.1. Además, generaría fuentes de trabajo y mejoras en la seguridad.
Supuestas irregularidades
El MCN detalló que la secretaría sometió a discusión el proyecto de debate. En ese momento el diputado Oliverio García Rodas solicitó a Chajón, la vicepresidenta, verificar el cuórum, pues indicó que el número de legisladores presentes era menor a 80.
Entonces, Galdámez, secretario de junta directiva, tomó la palabra y pidió lo contrario. Ante ello, la legisladora no hizo la revisión y procedió a abrir la votación.
La entidad denunciante resaltó que no se cumplió el artículo 72 bis de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que establece lo siguiente:
“Verificación de cuórum. Se realizará a propuesta de cualquier diputado, la que será atendida inmediatamente”.
Piden retirar inmunidad
El MCN hizo un llamado a la fiscal general y Corte Suprema de Justicia para que le den trámite a la denuncia y se les retire la inmunidad a los legisladores señalados para que puedan ser investigados y enfrentar a la ley.