Con barricadas incendiarias en varios puntos de Chile arrancó este martes un paro general convocado por un centenar de organizaciones sociales, para presionar al gobierno de Sebastián Piñera a que profundice en las reformas sociales.
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Las fogatas impedían el paso de vehículos en algunos accesos a Santiago, donde el transporte publico operaba con relativa normalidad, tanto en el tránsito de autobuses como en el ferrocarril metropolitano.
Los vuelos en el aeropuerto capitalino también operaban con normalidad.
En la autopista del Sol (que conecta a Santiago con el puerto de San Antonio y otras localidades agrícolas de la periferia de la cuidad), grandes barricadas impedían el paso de vehículos en ambos sentidos.
Medios locales reportaron, además, otras fogatas en al menos 10 puntos de la cuidad.
El llamado a huelga general se produce a más de tres semanas de que estallaran las primeras protestas sociales, con ataques a la mitad de las estaciones del metro de Santiago, saqueos a tiendas y supermercados, y multitudinarias manifestaciones callejeras.
"Llamamos a paralizar totalmente las faenas productivas y puestos de trabajo", afirma una convocatoria de la llamada "Mesa Social", que reúne a más de un centenar de organizaciones sociales, entre ellas la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), el Colegio de Profesores, trabajadores de la salud pública, empleados portuarios y de los aeropuertos.
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La Confederación Nacional del Cobre, que agrupa a trabajadores tercerizados de la minería, también se unió al llamado.
Los colegios públicos se adhirieron en pleno al llamado y gran parte de los colegios privados también, algunos por razones de seguridad.
La mayoría de las universidades tampoco tenían actividades.
Giro presidencial
La pulseada llega en la cuarta semana de manifestaciones (que se saldan con 20 muertos y miles de heridos), poco después de que el presidente Piñera diera un giro y anunciara el inicio de un proceso para cambiar la Constitución, aunque no con una Asamblea Constituyente (como se pide en las calles), sino a partir de un Congreso Constituyente, cuyos detalles y composición aún no se definen.
El gobierno de Piñera logró también un acuerdo con la oposición política para impulsar una reforma tributaria que recaudaría unos 2 mil millones de dólares, destinados a financiar parte de los anuncios sociales que ha realizado para acallar las protestas sociales.
Pero los gremios exigen reformas más profundas al sistema de pensiones, entrega pensiones bajas a la mayor parte de sus jubilados, por debajo del salario mínimo (420 dólares).
También piden incrementar el presupuesto a la salud pública, donde se atiende casi el 80 % de la población chilena, y aumentar el salario mínimo.
*Con información de AFP
