Ley de Aceptación de Cargos beneficiará solo a señalados de corrupción

Con la presencia de más de 105 diputados, situación inusual en los legisladores, se aprobó la Ley de Aceptación de Cargos.

La CICIG alertó de los cambios al Código Procesal Penal, la cual solo ofrece ventajas para implicados en procesos de corrupción.

Con la presencia de más de 105 diputados, situación inusual en los diputados, se aprobó la Ley de Aceptación de Cargos que ofrece reducción de penas cuando los señalados en casos de corrupción acepten la culpabilidad en diferentes etapas del proceso.

CICIG expresa preocupación por enmiendas a Ley de Aceptación de Cargos

La iniciativa de ley fue planteada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero en el Congreso se creó una comisión específica para analizar enmiendas, las cuales hasta este martes al mediodía eran secreto.

Entre los beneficios que avalaron los diputados está que si el procesado acepta la responsabilidad en la audiencia de primera declaración o antes de que inicie la apertura de juicio las penas que recibe se reducirán hasta la mitad.

Mientras que si el implicado acepta su culpa antes de la audiencia de debate se le disminuirá la pena a una tercera parte y si por último el reo reconoce su participación antes de la recepción de pruebas la pena se reducirá en una quinta parte.

Algunos diputados que no apoyaron esa propuesta indicaron que en caso que los delitos no tengan penas de 10 años de prisión y se les reduce a cinco años, la medida pasará a ser conmutable, lo cual buscan beneficiar a familiares y amigos.

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No aplicará para…

Esa medida no se podrá aplicará para los señalados en casos de genocidio, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, homicidio, asesinato y agresiones sexuales.

Tampoco para las personas que atentan contra la seguridad del Estado o quienes alteren el orden constitucional, es decir que si son capturados algunos manifestantes no gozarán de esa medida.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) alertó de las reformas al Código Procesal Penal, ya que solo beneficiaba a personas que fueron acusados en casos que junto con el Ministerio Público presentaron en los últimos cuatro años.

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