Empresarios señalan a bancada oficial de haber impedido aprobar autopista

El sector empresarial mostró su inconformidad con los diputados, principalmente de la bancada oficial Frente de Convergencia Nacional-Nación (FNC-Nación), del Movimiento Reformador e independientes, que no votaron a favor de la iniciativa de ley para el primer proyecto de alianza público-privada, el cual consiste en la autopista con peaje de Escuintla a Puerto Quetzal.

Juan Carlos Tefel, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), señaló que analizan tomar acciones legales contra los congresistas, pues consideran que hubo anomalías de los diputados cuando se sometió a votación la propuesta de ley.

Además, el empresario indicó que puede haber conflicto de interés de algunos diputados, por lo que se oponen al proyecto de alianza público-privada, el cual se hizo de una manera “transparente” dejando fuera a constructoras.

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“No sabemos los nombres pero los 50 que votaron en contra, esos son los diputados que probablemente estuvieron atrás de esto. Desconocemos si hay un liderazgo, pero son responsables de esto”, agregó Tefel.

El presidente del Cacif también agregó que la no aprobación del contrato puede significar un pago por parte del Estado a la empresa que obtuvo la licitación.

Según se estima, sea el 5% por millar del monto de la inversión comprometida.

El ministro de Finanzas, Víctor Martínez, confirmó que habrá una reunión extraordinaria para analizar el procedimiento legal.

Mayor costo

Tefel comentó estar extrañados que el Consejo de la Alianza Nacional para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE) está conformado por ministros del Gobierno, por lo que no se entiende que son proyectos apoyados por el Ejecutivo, pero no por la bancada del partido oficial, aunque sea independiente.

Empresarios coincidieron que la no aprobación puede afectar el apoyo financiero de estados internacionales para los estudios de prefactibilidad para más propuestas de inversión.

Según el Cacif cada proyecto de alianza público-privada puede tener un costo de hasta tres veces mayor si lo realiza el gobierno.