El presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, respaldó la denuncia que presentó la directiva de ese organismo contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).
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La decisión contra los togados se debe al amparo que otorgaron al Ministerio Público (MP) para impedir que continuara la comisión específica para investigar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Dicha mesa de trabajo era integrada por amigos de acusados en casos de corrupción y de impunidad por la Comisión y el MP.
Arzú Escobar informó que tras el amparo solo queda pedir una aclaración o ampliación, pero las cuales no proceden y por lo que queda es actuar judicialmente.
“Hay que hacer una diferencia. Porque muchas veces dicen los magistrados no son responsables por sus opiniones, por lo tanto no se les puede denunciar por sus resoluciones. Pero una opinión es muy diferente a una resolución. Por lo que existe el delito de prevaricato, que es cuando un juez a través de una resolución viola una ley. Lo que estamos haciendo es actuando en ley y haciéndolos responsables de sus resoluciones”, agregó Arzú Escobar.
Los magistrados denunciados son Bonerge Mejía, Gloría Porras, Neftalí Aldana y José Francisco de Mata, por haber otorgado un amparo a favor de la fiscal general.
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Los delitos por los que los diputados acusan a los togados son de abuso de autoridad, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Carta Magna y prevaricato.
Suman denuncias
En varias ocasiones los congresistas han denunciado a esos magistrados por varias resoluciones, pero debido a un amparo de los mismos magistrados de ha impedido que proceda levantarle la inmunidad.
El Ministerio Público no se ha pronunciado por la decisión de los diputados de denunciar a los magistrados a pesar de que el ente investigador fue denunciado.
Además, el congresista Fernando Linares anunció que presentaría una denuncia contra esos magistrados por los mismos delitos.
