El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la reforma a los artículos 116 y 127 de la Constitución en materia de remuneración de servidores públicos, para que ningún funcionario gane más que el presidente.
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Con 318 votos a favor, 12 en contra y 99 abstenciones, los legisladores corrigieron las imprecisiones en lo general que permitían que funcionarios rebasaran el tope salarial de 108 mil pesos, impuesto por el presidente.
La reforma estipula que la ley aplicará para servidores públicos a nivel federal, estatal o municipal y los salarios deberán ser disminuidos al año siguiente de aquél en que entre en vigor.
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En lo particular, se aprobaron las reservas a los artículos 116 y 127 de la Constitución con
322 votos a favor, 21 en contra y 81 abstenciones, que añaden dos artículos transitorios como medida para evitar dispendios del gasto público y acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que habría de crear un órgano que definiese los salarios de los funcionarios; sin embargo, eso se ha soslayado en la iniciativa”, declaró.
A favor, la legisladora Guadalupe Ramos Sotelo de Morena manifestó que el presente dictamen es una respuesta a las exigencias del pueblo mexicano que estaba harto de los salarios exorbitantes al amparo de un cargo público.
Imposición del Ejecutivo
Legisladores de oposición defendieron que algunos salarios eran altos debido a los tabuladores generales e igualación con puestos similares en otros países, así como considerar esta iniciativa como una imposición presidencial.
La diputada Gloria Romero León de Acción Nacional consideró que la reforma constitucional carece de racionalidad y atropella por parte del gobierno federal a los demás Poderes de la Unión.
¿En qué consiste esta reforma?
El dictamen surgió de tres iniciativas que presentaron, por separado, la diputada Dulce María Sauri Riancho del PRI, el pasado 6 de febrero; la diputada María Chávez Pérez de Morena, el pasado 14 de agosto, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Tras su aprobación por los diputados, quedó incluido en el artículo 116 constitucional correspondiente a los Poderes en la Unión en los estados: Ordena a los entes públicos estatales incluir en sus proyectos de presupuesto sus tabuladores de percepciones.
Se incluye a las personas de derecho público y a los órganos autónomos como sujetos que
deben cumplir con lo establecido en este precepto.
En cuanto al artículo 127 constitucional, relativo a la Ley Federal de Remuneraciones de
los Servidores Públicos: Se agregan a las personas de derecho público y a los órganos con autonomía – municipales, estatales y federales– dentro del grupo de entes públicos, cuyos servidores deben sujetarse al mandato de que no pueden ganar más que el Ejecutivo federal.
En éste se adicionan dos artículos transitorios (segundo y cuarto), sobre la entrada en
vigor de este ajuste salarial y el plazo de las reformas para establecer un organismo técnico responsable de los parámetros de remuneraciones.
*Con información de Miguel Ángel Bravo, Publimetro México.