Por medio de la firma de una declaración, autoridades de los tres poderes del Estado y sociedad civil buscan fortalecer la justicia ambiental.
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Con el objetivo de fortalecer la aplicación de la justicia ambiental en las áreas protegidas de Guatemala. Las autoridades de los poderes del Estado y sociedad civil firmaron una declaración denominada “Unidos por la justicia ambiental”.
Por medio de esta declaración se busca establecer estrategias de protección y conservación, para evitar la depredación de las áreas protegidas del país. Estas que se han visto afectadas por las incursiones de la ganadería ilegal y usurpaciones.
Asimismo, por el tráfico ilegal de vida silvestre, incendios forestales, tala ilegal y narcotráfico.
En este sentido se pretende fortalecer la aplicación de la justicia ambiental en las áreas protegidas para prevenir y combatir los delitos contra el patrimonio natural y cultural.
Así como delitos contra personas que defienden el ambiente. Para ello se hace necesario la cooperación, coordinación y fortalecimiento de las acciones para el combate de este flagelo.
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Instituciones involucradas
Entre las instituciones que se comprometieron a fortalecer la justicia ambiental está el Ministerio Público, Organismo Judicial, los ministerios de Agricultura y Ambiente.
Asimismo, se sumaron las carteras de:
- Cultura
- Defensa Nacional
- Energía y Minas
- Relaciones Exteriores
- Gobernación
También la Procuraduría General de la Nación, Superintendencia de Administración Tributaria, y Consejo Nacional de Áreas Protegidas.
La Asociación Balam y la Asociación de Comunidades Forestales de Petén, también se sumaron a la iniciativa.
Entre otras agrupaciones sociales que participaron está el Centro de Estudios Conservacionistas, Defensores de la Naturaleza, Foro de justicia ambiental de Petén, Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación, y Wildlife Conservation Society.
Firman convenio
El Ministerio Público también suscribió un convenio para brindar atención especializada a adolescentes en conflicto con la ley penal.
Este convenio es para garantizar y proteger de manera integral los derechos humanos de las y los adolescentes en conflicto con la ley penal.
Entre las instituciones involucradas está el Organismo Judicial, Ministerio de Gobernación, Secretaría de Bienestar Social, y el Instituto de la Defensa público Penal.
La iniciativa busca dotar de herramientas para la administración de justicia juvenil, con fines sociales y pedagógicos.
Para el cumplimiento se conformará una Mesa técnica de fortalecimiento al sistema de justicia penal juvenil. Esta la conformarán representantes de las diferentes instituciones firmantes.
