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Exministro de la Defensa enfrentará juicio por caso “bono de responsabilidad”

El exfuncionario enfrentará a la justicia por el delito de abuso de autoridad.

El exministro de la Defensa, Williams Mansilla, enfrentará juicio por su implicación en el pago del "bono de responsabilidad" al presidente Jimmy Morales.

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La resolución fue emitida por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, a cargo de Judith Secaida, quien determinó que existen indicios de la posible comisión de hechos ilícitos.

El exfuncionario enfrentará a la justicia por el delito de abuso de autoridad.

El Ministerio Público (MP) había solicitado que se le enviara a debate también por los delitos de lavado de dinero y peculado por sustracción; sin embargo, la togada no procedió de esa manera.

Al dar a conocer su fallo, Secaida señaló que el extitular de la cartera de Defensa no estaba facultado para pagar el referido bono, por Q50 mil mensuales, al mandatario Morales.

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El caso

Mansilla fue capturado el 26 de enero de 2018 en su residencia y trasladado a la Torre de Tribunales, en seguimiento al pago de Q50 mil mensuales al mandatario Morales por concepto de bono extraordinario.

Fue ligado a proceso penal por los delitos de peculado por sustracción y abuso de autoridad.

Además, se le otorgaron medidas sustitutivas de arraigo, prohibición de acercarse al Ministerio de la Defensa, y la obligación de presentarse cada 15 días al MP para firmar el libro de asistencia.

La Fiscalía lo señala de haber favorecido a Morales con la creación del Acuerdo Administrativo Interno 10-2016, en el cual se le incluía entre los beneficiados de la referida bonificación.

Sin embargo, las pesquisas dan cuenta de que el documento se habría autorizado sin contar con un análisis jurídico ni dictamen financiero.

Además, se mencionó que el gobernante no está incluido en la planilla laboral del Ejército, por lo cual no le correspondería a esta cartera pagarle algún tipo de rubro.

En total, el presidente recibió Q450 mil del "bono de responsabilidad", correspondiente a nueve meses, monto que posteriormente devolvió a la institución castrense por recomendación de la Contraloría General de Cuentas.

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