El nuevo caso de corrupción que presentaron el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se denomina “Asalto al Ministerio de Salud Pública”, por el cual se pedirá el retiro de la inmunidad a 10 diputados.
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Las investigaciones agrupan a más de cien sospechosos. En contra de algunos se giraron órdenes de captura y otros fueron citados para declarar como sindicados.
Se les señala por delitos de:
- Asociación ilícita
- Cohecho pasivo
- Enriquecimiento ilícito
- Lavado de dinero
- Tráfico de influencias
- Fraude
- Falsedad ideológica
- Peculado por sustracción
- Cohecho activo
- Obstrucción a la justicia
- Cobro ilegal de comisiones; y
- Testaferrato, entre otros.
Ayer la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutó 19 de 29 órdenes de aprehensión dictadas por el Juzgado de Mayor Riesgo D, y se espera que en los próximos días presenten las acciones para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) permita profundizar las pesquisas en contra de los legisladores.
El caso se deriva de hechos delictivos que se registraron entre 2012 y 2014.
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Los hechos
Se detalla que durante la gestión de Jorge Villavicencio como titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) se formó una red criminal que tenía como objetivo conocer los negocios de la entidad para percibir beneficios económicos ilegales.
Sin embargo, la modalidad de las acciones cambió cuando la estructura se enteró de que esas acciones eran controladas por la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti.
En la estructura se habrían involucrado funcionarios y empleados públicos, así como particulares.
Antejuicios
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) anunció que se entablarán acciones legales contra los diputados:
- Estuardo Galdámez
- Boris España
- Aracely Chavarría Cabrera
- Luis Alberto Contreras Colindres
- Marco Antonio Lemus Salguero
- Humberto Leoneol Sosa Mendoza
- José Inés Castillo
- Rodolfo Moisés Castañón
- Ronald Estuardo Arango
- Carlos Santiago Nájera Sagastume.
Los legisladores y otros exdiputados se habrían vinculado con la red como operadores para determinar la situación de las sedes de salud en distintos departamentos, con la intención de conocer por cuáles actividades se podrían obtener ingresos económicos ilegales.
En total, el MP y la CICIG vinculan a 123 personas con la estructura, entre quienes destaca Juan de Dios Rodríguez, expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Acciones cometidas por la estructura
- Se cobraban comisiones ilegales a empresas que habían sido contratadas para la construcción o remozamiento de hospitales y centros de salud en distintas partes del país.
- Exigencia del pago de sobornos por la adjudicación de contratos a entidades comerciales que prestaban bienes o servicios a la cartera de Salud Pública.
- La contratación de personal que no cumplía con los requisitos señalados en la ley derivado del pago de favores políticos, el cual ocupaba plazas fantasma y que debía entregar parte de su salario a las autoridades de distintas áreas de la referida cartera. En total se detectaron 450 empleados en esa situación.
Análisis | Gustavo García Fong, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales.
“La CICIG sigue dando resultados positivos en el país”
Este nuevo caso no puede dejar de desvincularse de los anteriores que tienen relación con la gestión del desaparecido Partido Patriota (PP), dado que esas investigaciones han dado como nuevas líneas de crímenes que ha seguido el Ministerio Público.
Es un hecho positivo que, aunque está por terminar su mandato, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sigue dando resultados positivos en el país, es decir que la Fiscalía ha dado uso adecuado a las capacidades que esta intentó trasladarle.
Queda la duda de que diputados ya señalados vuelven a ser nombrados en este nuevo caso.
