Operativo contra extorsiones “Guate es nuestra 2” se realiza en ocho departamentos

La PNC y el Ministerio Público buscan a presuntos pandilleros e “imitadores”. Hasta el momento se reporta la detención de 32 personas.

Por Álvaro Alay

Las fuerzas de seguridad realizan este lunes un operativo denominado Guate es nuestra 2, contra grupos criminales que se dedican al cobro de extorsiones.

Están en desarrollo 80 diligencias de allanamiento en los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango, Jalapa, Sacatepéquez, Chimaltenango, Suchitepéquez, Escuintla y Santa Rosa.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) inspeccionan los inmuebles en busca de ejecutar las órdenes de aprehensión giradas contra los señalados y de localizar evidencias.

allanamiento contra extorsiones “Guate es nuestra 2” PNC

Las acciones van dirigidas contra presuntos pandilleros de la Mara Salvatrucha y Barrio 18 e “imitadores” que estarían implicados en los cobros ilegales.

Según las investigaciones, sus víctimas son tres comercios, seis empresas de transporte de pasajeros y dos personas individuales.

Como resultado de los hechos ilícitos, estos presuntos delincuentes habrían cobrado más de Q1.5 millones.

Además, se les atribuyen por lo menos 42 muertes y 9 incidentes que dejaron personas heridas.

Capturados

Hasta el momento se reporta la detención de 32 personas.

Se les señala de los delitos de asesinato, conspiración para el asesinato, asociación ilícita, exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva de transito y extorsión.

Primera fase

Jorge Aguilar, vocero de la PNC, recordó que la primera fase del operativo Guate es nuestra se realizó en diciembre de 2016.

En esa ocasión se aplicó por dos días consecutivos una serie de diligencias para desarticular estructuras criminales dedicados al cobro de extorsiones.

Los 389 allanamientos llevados a cabo fueron coordinados por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión.

Estuvo enfocado contra presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha y Barrio 18, quienes estarían vinculados con realizar los cobros ilegales a 19 empresas de transporte y comerciantes.

Además, se les atribuyen por lo menos tres asesinatos.

Las investigaciones por este caso se realizaron durante dos años antes de que se operativizara. En ese período los delincuentes aparentemente cobraron Q8.2 millones.

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