CGP rechaza declaraciones de magistrados del TSE y pide censura pública

Se trata de los magistrados Julio Solórzano y Jorge Mario Valenzuela.

Por Yuly Pérez

La Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP) se pronunció por las recientes declaraciones de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Julio Solórzano y Jorge Mario Valenzuela, sobre denunciar a quienes señalen que se cometió fraude electoral.

Esto significa que promoverían acciones penales contra quienes hubiesen denunciado, criticado o cuestionado los actos, decisiones u omisiones del TSE sobre el proceso electoral 2019.

El magistrado Jorge Mario Valenzuela, integrante del TSE, indicó que se analiza presentar denuncias ante el Ministerio Público (MP) en contra de quienes sin pruebas han manifestado que en las elecciones generales de 2019 se cometió fraude electoral.

Jorge Mario Valenzuela, magistrado del TSE, dijo que se analiza denunciar a quienes señalan que hubo fraude electoral. Jorge Mario Valenzuela, magistrado del TSE. / Foto: Publinews

Se pronuncian

Por esta razón, la CGP emitió un comunicado en el que manifestaron que en la Constitución y en la Ley de Emisión del Pensamiento se establece que no constituye delito o falta, las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios públicos por actos realizados en el ejercicio de sus cargos.

También indican que el artículo 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dispone que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad.

reunión de fiscales de partidos políticos y magistrados del TSE Edwin Bercián

Además, recuerdan que no es la primera vez que magistrados del TSE pretenden vulnerar la Libertad de Expresión durante el proceso electoral.

En el comunicado, expresan que rechazan las declaraciones de los magistrados Julio Solórzano y Jorge Mario Valenzuela.

Y solicitan al procurador de los Derechos Humanos que "inicie un procedimiento de censura pública" con los magistrados, conforme a la Constitución.

Asimismo, piden a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH que demande respeto a los funcionarios públicos, para garantizar la libertad de expresión de ideas.

 

"Se reserva las acciones legales que corresponda para la defensa y preservación de la Libertad de Emisión del Pensamiento", finalizan.

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