Congresistas estadounidenses se oponen a negociaciones de tercer país seguro con Guatemala

Según indicaron al Secretario de Estado de EE. UU. esa negociación no le corresponde solo al presidente. Además, Guatemala no cuenta con los requerimientos.

Por Amilcar Avila

Los congresistas estadounidenses Eliot Engel, Jerrold Nadler y Bennie Thompson enviaron una carta al Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en donde manifiestan su oposición a que su gobierno negocie con Guatemala sobre un tercer país seguro.

Además, explican al funcionario por qué ese acuerdo con Guatemala y México sería contrario con las leyes estadounidenses.

Según indican, el presidente no tiene autoridad e independencia constitucional para negociar y concretar ese tipo de acuerdos. Un eventual convenio de ese tipo debe pasar por el Congreso de los Estados Unidos.

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El secretario de Seguridad Nacional de EE. UU. dijo que las pruebas de ADN que se realizarán a menores que viajen de manera irregular a ese país buscarán protegerlos de redes criminales.

Asimismo, asegura que México y Guatemala no cuentan con los requerimientos para un país seguro de acuerdo con la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés). “El presidente carece de esa autoridad legal para proceder con esas negociaciones”, señala el documento.

De acuerdo con los firmantes, dicha ley señala que un tercer país seguro debe proveer a cada individuo el acceso a un procedimiento para solicitar asilo y protección temporal, así como que actúen en libertad y sin distinción de raza, religión, nacionalidad, entre otros.

“El reporte de Derechos Humanos del Departamento de Estado de 2018 señala que Guatemala y México no cumplen estos estándares”, señalan.

Dicho reporte señala a Guatemala como un país con un sistema judicial fallido e ineficiente, además de la corrupción e intimidación a los jueces, fiscales y testigos.

“Al 2017, Guatemala no definía el termino “refugiado” entre su legislación”, destaca la misiva.

Asistencia al Triángulo Norte

En lugar de realizar negociaciones ilegales, los congresistas piden que se retomen las políticas bipartidistas de asistencia a los países del Triángulo Norte para evitar la migración de familias y niños.

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