En desacuerdo por acciones para detener la emigración

Organizaciones de derechos humanos de varios países se pronunciaron por los convenios que impulsa Estados Unidos para evitar que emigrantes busquen el “sueño americano”.

El acuerdo denominado “tercer país seguro” que busca firmar Estados Unidos con Guatemala y México no ha sido bien recibido en naciones de Latinoamérica, ya que consideran que son contrarias a las obligaciones internacionales de los Estados y ponen en riesgo los derechos de los emigrantes y de las personas que solicitan asilo y así reducir la emigración.

Según las organizaciones civiles que se oponen a ese acuerdo, ni Guatemala ni México brindan condiciones para ser calificados como países seguros, ya que son incapaces de ofrecer garantías suficientes para proteger la vida, la libertad y la integridad de las personas que solicitan asilo.

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Contradicciones

El comunicado que compartieron las más de 20 organizaciones latinoamericanas, citan al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que Guatemala es el segundo país del Triángulo Norte con mayor peticiones de asilo en Estados Unidos, lo cual es contradictorio para que sea reconocida como nación preparada para garantizar los derechos de los que buscan protección.

En el documento las organizaciones recuerdan que la devolución de las personas que buscan asilo es contrario a lo establecido en el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y del artículo 3 de la Convención contra la Tortura.

  • Asegura avances

El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, confirmó que mantienen comunicación con Estados Unidos para lograr convertir al país en “seguro”, a la vez indicó que una de las medidas para reducir la migración irregular será practicar pruebas de ADN a los niños que viajen con adultos con la intención de poder ingresar al país estadounidense. Las organizaciones civiles hacen un llamado para trabajar en concordancia con estándares internacionales para la protección de las personas que buscan protección.

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