Víctimas de violencia sexual en el caso “Creompaz” solicitaron a la Sala de Apelaciones de Femicidio que agilice la resolución de una acción de amparo que se solicitó en marzo de 2017.
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Dicho recurso fue planteado para que se ordenara a la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, pronunciarse acerca de las vejaciones sexuales que sufrieron y que constan en la acusación en contra de ocho oficiales militares que enfrentarán juicio por el caso.
El hecho que se reclamó fue la falta de prontitud en la emisión del fallo, pues han pasado 27 meses desde que se pidió la protección constitucional para que dichos vejaciones sean conocidas en el debate.
Además, en diciembre de 2018 se realizó la vista pública, fase del proceso por medio del cual se informa de manera oral a los magistrados cuáles son los agravios que se consideran les causaron las acciones de Domínguez.
En total se presentaron tres memoriales de parte de tres víctimas, representantes de distintas comunidades en Alta Verapaz, en donde en la década de 1980 operó la Zona Militar número 21.
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Dicha sede castrense funciona en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz).
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La acusación
Los hechos que se describen en la acusación del Ministerio Público (MP) detallan que las acciones delictivas se habrían registrado hace 37 años en el interior de la ahora sede del Creompaz.
Dicho sitio fue utilizado por las fuerzas castrenses para torturar a quienes consideraban aliados de la guerrilla. Además, varias mujeres indígenas sufrieron abusos sexuales por los integrantes de la tropa.
Entre quienes figura el general Manuel Benedicto Lucas García, hermano del también general y expresidente Fernando Romeo Lucas García, quien en la época de las acciones era jefe del alto mando militar.
Los ilícitos que se conocerán en el debate son desapariciones forzadas y delitos contra los deberes de humanidad.
